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Edición 14    31 de marzo de 2025

MUNDO INSÓLITO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación contra un empresario rumano y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción, financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó apoyo financiero para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un cargo gubernamental relevante. Esto resultó en la obtención ilegal de aproximadamente 365,000 euros del presupuesto de la UE. Si es declarado culpable, podría enfrentar entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

Imaginando un mundo sin horario de verano, se vislumbran mañanas más descansadas y fines de semana ininterrumpidos. Aunque muchos países aún lo mantienen por razones como la luz diurna y el ahorro energético, la abolición del DST podría mejorar los patrones de sueño y reducir la confusión horaria.

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal que defraudó al Estado dos millones de euros en impuestos mediante la compra de 36 vehículos de lujo en el extranjero. La investigación, iniciada en abril de 2023, llevó a la detención de dos hombres por falsificación documental y blanqueo de capitales. El grupo utilizaba facturas falsas para reducir el importe tributario y operaba con una compleja estructura empresarial. En una operación reciente, se intervinieron 250.000 euros en efectivo y varios coches de alta gama. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos.

Organizaciones de consumidores de 31 países europeos han expresado su apoyo a las sanciones impuestas por el Gobierno de España a cinco aerolíneas low cost por prácticas abusivas. Durante una reunión ejecutiva del BEUC en Madrid, el ministro Pablo Bustinduy destacó la importancia de priorizar los derechos de los consumidores sobre los intereses empresariales. Las sanciones, que ascienden a 179 millones de euros, buscan combatir abusos como cargos excesivos por equipaje y reservas. Bustinduy instó a la Comisión Europea a respaldar a los consumidores y anunció acciones para indemnizar a las víctimas de estas prácticas. La OCU también trabaja en un pleito testigo para reclamar devoluciones en casos específicos.

Dos personas fueron arrestadas en Italia por su presunta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Fiscalía Pública Europea (EPPO), reveló un esquema de carrousel de IVA donde las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir impuestos. Las autoridades congelaron activos por el monto mencionado y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. Este caso destaca la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.

Las autoridades belgas arrestaron a 12 miembros de una banda criminal sospechosa de intentar robar transportes de efectivo para bancos, gracias a la coordinación de Eurojust con las fuerzas de seguridad francesas. La operación se llevó a cabo el 26 de febrero y evitó que los delincuentes cometieran el robo. Entre los arrestados se encontraban dos objetivos de alto valor conocidos por su especialización en robos armados. Las investigaciones continúan tras varias búsquedas realizadas en Francia y Bélgica. Este caso resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, alcanzando un total de 2,666 casos activos y un daño estimado de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% en comparación con el año anterior destaca la creciente actividad de la EPPO, especialmente en relación con el fraude del IVA y los fondos de NextGenerationEU. En 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, lo que refleja una mejora en la cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales. La EPPO también logró congelar activos por valor de €849 millones y presentó 205 acusaciones. Para más información, visita el enlace al informe completo.

La Audiencia Nacional ha condenado a un recluso a seis años de cárcel por realizar pintadas en prisión a favor del Estado Islámico y amenazar a funcionarios penitenciarios. El marroquí Rida B. fue sentenciado por enaltecimiento del terrorismo y amenazas graves, tras demostrar que sus acciones buscaban propagar la ideología radical de DAESH entre otros internos. Las pintadas, realizadas en varias prisiones españolas entre 2022 y 2023, incluían símbolos y lemas del grupo terrorista, creando un riesgo de actos violentos. Además, las amenazas proferidas generaron un estado de temor entre el personal penitenciario. La sentencia destaca la gravedad de los delitos y rechaza la eximente solicitada por la defensa.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rotterdam investiga un caso de fraude aduanero y blanqueo de capitales relacionado con la importación de bicicletas eléctricas (e-bikes) desde China. La investigación, que se lleva a cabo en colaboración con el Servicio Fiscal de Información e Investigación de los Países Bajos (FIOD), ha llevado a registros en propiedades de sospechosos en la provincia de Brabante del Norte. Se estima que al menos 25 contenedores fueron introducidos ilegalmente en la UE, causando una pérdida al presupuesto europeo de al menos 1.8 millones de euros por medidas antidumping y subsidios no pagados. Las e-bikes chinas, que se venden a precios bajos, están sujetas a altos aranceles para proteger a los fabricantes europeos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Eurojust ha apoyado un equipo de investigación conjunto (JIT) que investiga crímenes internacionales en Ucrania desde la invasión a gran escala hace tres años. Hasta ahora, se han entrevistado a 4,000 testigos y más de 40,000 por parte de las autoridades ucranianas. La cooperación ha permitido emitir notificaciones de sospecha contra varios individuos por crímenes de guerra. Eurojust ha financiado estas actividades con aproximadamente medio millón de euros y ha facilitado la creación de bases de datos para almacenar evidencia. La agencia continúa trabajando para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto. P

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