MUNDO INSÓLITO

La Audiencia Nacional ha condenado a un recluso a seis años de cárcel por realizar pintadas en prisión a favor del Estado Islámico y amenazar a funcionarios penitenciarios. El marroquí Rida B. fue sentenciado por enaltecimiento del terrorismo y amenazas graves, tras demostrar que sus acciones buscaban propagar la ideología radical de DAESH entre otros internos. Las pintadas, realizadas en varias prisiones españolas entre 2022 y 2023, incluían símbolos y lemas del grupo terrorista, creando un riesgo de actos violentos. Además, las amenazas proferidas generaron un estado de temor entre el personal penitenciario. La sentencia destaca la gravedad de los delitos y rechaza la eximente solicitada por la defensa.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rotterdam investiga un caso de fraude aduanero y blanqueo de capitales relacionado con la importación de bicicletas eléctricas (e-bikes) desde China. La investigación, que se lleva a cabo en colaboración con el Servicio Fiscal de Información e Investigación de los Países Bajos (FIOD), ha llevado a registros en propiedades de sospechosos en la provincia de Brabante del Norte. Se estima que al menos 25 contenedores fueron introducidos ilegalmente en la UE, causando una pérdida al presupuesto europeo de al menos 1.8 millones de euros por medidas antidumping y subsidios no pagados. Las e-bikes chinas, que se venden a precios bajos, están sujetas a altos aranceles para proteger a los fabricantes europeos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Eurojust ha apoyado un equipo de investigación conjunto (JIT) que investiga crímenes internacionales en Ucrania desde la invasión a gran escala hace tres años. Hasta ahora, se han entrevistado a 4,000 testigos y más de 40,000 por parte de las autoridades ucranianas. La cooperación ha permitido emitir notificaciones de sospecha contra varios individuos por crímenes de guerra. Eurojust ha financiado estas actividades con aproximadamente medio millón de euros y ha facilitado la creación de bases de datos para almacenar evidencia. La agencia continúa trabajando para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto. P

Las Fiscalías de España y Bulgaria han firmado un Memorando de Entendimiento para colaborar en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. Este acuerdo, firmado por el Fiscal General del Estado español, Álvaro García Ortiz, y su homólogo búlgaro, Borislav Sarafov, busca mejorar el intercambio de información y las solicitudes de cooperación jurídica en materia penal. Ambas instituciones centrarán sus esfuerzos en combatir redes criminales relacionadas con el terrorismo, corrupción, tráfico ilegal de armas y drogas, así como delitos económicos y ciberdelincuencia. El convenio incluye la creación de grupos de trabajo conjuntos y visitas de expertos para compartir experiencias y diseñar estrategias comunes.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha destapado un caso de corrupción grave en el sector sanitario de Chequia, con un fraude en subvenciones de la UE que asciende a 160 millones de euros. En una operación en České Budějovice, se realizaron 46 registros y se arrestaron a 22 personas, entre ellas 16 sospechosos acusados de explotar procesos de contratación pública para obtener beneficios ilícitos relacionados con el Hospital Universitario Motol en Praga. Las investigaciones revelan que estos actos han dañado los intereses financieros de la UE, afectando proyectos financiados por el Plan Nacional de Recuperación Checo y el Fondo Europeo de Cohesión. La EPPO continúa trabajando para llevar ante la justicia a los implicados.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, investiga un caso de corrupción tras la detención de un director de escuela secundaria que fue sorprendido recibiendo un soborno. El director supuestamente exigió €10,225 de un contratista involucrado en un proyecto de renovación escolar financiado por la UE. La investigación revela que el director solicitó que parte de los fondos destinados a las obras se le devolviera directamente. Fue arrestado el 20 de febrero mientras aceptaba el primer pago del soborno. Se han presentado cargos y se solicitará su detención preventiva. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la UE.

Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de la justicia italiana en un caso de malos tratos a un menor, tras una denuncia presentada por la madre y el hermano del niño contra su padre. La Corte de Cagliari, Italia, es ahora la encargada de investigar los hechos, que presuntamente ocurrieron en ese país. A pesar de esta decisión, el juzgado granadino mantiene la suspensión provisional del regreso del menor a Italia. La medida se basa en regulaciones europeas que permiten tomar acciones para proteger a menores en riesgo. El proceso judicial continúa con recursos presentados por la parte demandante.

Tres presuntos patrones de patera han sido encarcelados en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, por su implicación en ocho asesinatos y otros delitos graves. La decisión judicial se tomó el 13 de febrero de 2025, tras investigar un incidente ocurrido el 28 de diciembre de 2024 en una embarcación que llegó a El Hierro. Se sospecha que las víctimas fueron elegidas por su nacionalidad. El caso será transferido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde de El Hierro para continuar con las diligencias.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, habrían creado ocho empresas para obtener fondos del Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. Aunque compraron 38 equipos de construcción, estos nunca se utilizaron según lo acordado y fueron vendidos en su lugar. La investigación, iniciada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también incluye un caso de blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.

La cooperación exitosa entre las autoridades de Noruega y Dinamarca a través de Eurojust ha resultado en más de mil años de penas de prisión impuestas a 152 traficantes de drogas. Entre 2019 y 2024, Eurojust apoyó un equipo de investigación conjunta que desmanteló una red criminal responsable del tráfico de grandes cantidades de drogas desde Marruecos a estos países. Se impusieron sentencias acumuladas de 414 años en Noruega y 623 años en Dinamarca, además de la incautación de más de 9,600 kilos de cannabis, 675 kilos de cocaína y otros estupefacientes. La operación, valorada en 15.6 millones de euros, destaca la importancia de la colaboración judicial internacional para combatir el crimen organizado.