MUNDO INSÓLITO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por un fraude agravado de subsidios que asciende a 1.73 millones de euros relacionados con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulaciones en el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de la cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas por estos delitos pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión y multas significativas.

Eurojust ha lanzado un nuevo proyecto para combatir la impunidad por crímenes de guerra y genocidio más allá de la Unión Europea. Este esfuerzo busca reducir los 'refugios seguros' para los perpetradores de crímenes internacionales, fortaleciendo la cooperación con organizaciones de la sociedad civil y autoridades judiciales en países no pertenecientes a la UE. Con el aumento de conflictos armados y violaciones de derechos humanos, el proyecto Nacional Authorities against Impunity (IMPNA) se implementará durante cuatro años, desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2028, con el apoyo de la Comisión Europea. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la coordinación entre actores internacionales y locales para garantizar justicia para las víctimas.

Los Mossos d'Esquadra han detectado 159 casos de posible radicalización violenta en 2024, gracias a los protocolos de prevención de extremismos violentos #PREV. Estas detecciones se realizaron en etapas tempranas, evitando que se convirtieran en amenazas para la sociedad. A lo largo del año, se llevaron a cabo 200 jornadas formativas dirigidas a más de 5,000 profesionales de diversos sectores, con el objetivo de mejorar la identificación y prevención de estos procesos. Desde 2015, los Mossos han colaborado con otros departamentos del gobierno catalán para establecer una red de trabajo que promueva la cohesión social y la convivencia pacífica. La mayoría de los casos identificados están relacionados con el yihadismo y la ultraderecha. La lucha contra la radicalización violenta sigue siendo una prioridad para garantizar la seguridad en Cataluña.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos para la municipalidad de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo de Cohesión Europeo, tenía como objetivo mejorar el transporte público y reducir la contaminación del aire. Se sospecha que el acusado declaró falsamente que los autobuses provenían de una empresa polaca, cuando en realidad fueron comprados a una compañía estatal bielorrusa sujeta a sanciones de la UE. Si es declarado culpable, enfrenta penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras una alerta privada, evidenciando deficiencias en la detección por parte de las autoridades nacionales.

Las autoridades judiciales y de seguridad de Rumanía y los Países Bajos han establecido un equipo conjunto de investigación (JIT) para abordar el robo de cuatro valiosas piezas de arte histórico rumano del Museo Drents en los Países Bajos. Este equipo, apoyado por Eurojust, facilitará la cooperación y el intercambio de información entre ambos países. El robo, ocurrido el 25 de enero, involucró la sustracción de la histórica corona dorada de Coţofeneşti y tres pulseras doradas antiguas, todas exhibidas en préstamo del Museo Nacional de Historia de Rumanía. Hasta ahora, tres sospechosos han sido arrestados en los Países Bajos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado al presunto líder de una organización criminal involucrada en un fraude de subsidios de 100 millones de euros en Rumanía. El detenido, un ciudadano italiano, fue capturado en el aeropuerto internacional Henri Coanda mientras intentaba huir del país. La investigación reveló que el grupo utilizó empresas italianas para obtener fondos de la UE mediante fraudes en licitaciones relacionadas con la construcción y rehabilitación de infraestructuras hídricas. Se sospecha que presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y no realizaron ninguna obra, dejando la ejecución a empresas rumanas asociadas. Este caso destaca los esfuerzos del EPPO por combatir delitos contra los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Alemania, arrestando a un sospechoso y realizando seis registros relacionados con un fraude fiscal de IVA que asciende a 5.8 millones de euros, vinculado a la venta de coches de lujo. Durante la investigación, se incautaron 40 vehículos valorados en 1.2 millones de euros, así como bienes inmuebles y 40,000 euros en efectivo. La investigación, conocida como 'Dutch Windmill', se inició en septiembre de 2024 tras hallazgos relacionados con la venta de vehículos usados por parte de concesionarios holandeses que manipulaban las reglas del IVA para evadir impuestos. El fraude ha permitido a los implicados obtener márgenes de beneficio más altos y causar competencia desleal en el mercado.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha ejecutado un nuevo embargo de €950,000 contra una empresa en Italia involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable, sospechosa de evadir derechos de aduana. Esta acción se suma a un embargo previo de aproximadamente €2.4 millones, totalizando más de €3.3 millones en activos congelados. Dos empresas están bajo investigación por hacer declaraciones falsas sobre el origen de sus productos, beneficiándose así de exenciones fiscales indebidas. La EPPO continúa investigando delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus, en el marco de un intercambio de datos relacionado con la infección de dispositivos móviles de altos funcionarios españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez. Además, ha reiterado su petición a Israel para obtener detalles de NSO Group y la declaración de su CEO. La investigación busca identificar a los responsables del uso indebido del software espía. Calama considera esencial esta información para avanzar en el caso, que ha revelado dificultades técnicas para atribuir los ataques.