Greenpeace USA y la Asociación de Observadores Profesionales (APO) han emitido una queja formal [1] para esclarecer esta muerte, que tuvo lugar en marzo.
La denuncia, presentada en nombre de la familia del observador pesquero fallecido, Eritara Aati Kaierua, y dirigida a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, pide garantizar que los observadores pesqueros estén protegidos y se penalice a los responsables de la muerte de Kaierua.
“Los observadores pesqueros protegen las necesidades de las comunidades vulnerables y defienden nuestro derecho a un medioambiente saludable. Sin embargo, las empresas, los gobiernos y las organizaciones multilaterales continúan sin protegerlos de la intimidación, el abuso y la muerte. Greenpeace pide que esta investigación cumpla con los estándares legales internacionales y que la familia de Kaierua reciba respuesta suficiente de todas las partes responsables“, ha explicado Celia Ojeda, portavoz de Greenpeace.
El 3 de marzo de 2020, los miembros de la tripulación del buque pesquero Win Far No.636 informaron a la Agencia de Pesca de Taiwán de la muerte a bordo de Kaierua, el observador pesquero de ese barco. Según informaron, apareció muerto en su camarote golpeado y ensangrentado [2]. Este barco es un cerquero de atún de bandera Taiwanesa, perteneciente a la empresa Kuo Hsiung Fishery, y es un proveedor clave de FCF Co Ltd, uno de los tres principales comerciantes taiwaneses de atún del mundo. Sin ir más lejos, FCF es empresa matriz de la importante marca estadounidense de atún en lata “Bumble Bee Foods”, vinculada previamente a otras empresas que presuntamente cometieron abusos atroces contra los derechos humanos [3]. En respuesta a este caso, FCF, el proveedor clave, ha manifestado que están esperando el resultado de la investigación oficial, antes de hacer más comentarios sobre el caso.
Kaieruai fue empleado a través de un programa de observadores regionales de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC), una Organización Regional de Pesca (ORP). Según el WCPFC, los observadores han informado en múltiples ocasiones de intimidación y de solicitudes de la tripulación para no informar de algunas irregularidades. A nivel mundial, sólo cuatro de las 17 ORP, incluida WCPFC, tienen algún protocolo para la muerte o desaparición de un observador.
Según Elizabeth Mitchell, Directora Ejecutiva de la Asociación de Observadores Profesionales, “ha habido al menos 14 muertes de observadores pesqueros en la última década, pero ni una sola investigación legítima. En el papel, la WCPFC parece proteger a los observadores, pero la realidad es que todavía están desapareciendo. La falta de cumplimiento por parte del Estado ‘del pabellón’ del barco (donde está registrado el buque), la falta de aplicación de las normas de las organizaciones regionales de pesca y la falta de transparencia de estos procesos, son causas que también contribuyen a la impunidad.” [4 ].
Greenpeace USA y APO hacen un llamamiento adicional a la Relatora Especial de la ONU para que las organizaciones regionales de pesca incorporen en sus regulaciones la obligatoriedad de que los Estados cumplan con los estándares internacionales sobre investigaciones de muertes potencialmente ilegales [5].
Este tipo de prácticas son un ejemplo de que es necesario un mayor control en las pesquerías. La pesca no controlada es una de las amenazas de nuestros océanos y depende de todas las personas protegerlos. Necesitamos la firma del Tratado Global de los Océanos, pospuesta por la crisis del coronavirus, para crear una red de santuarios marinos que cubran, al menos, un tercio de los océanos del mundo para 2030. Se trata de un acuerdo fundamental para defender la biodiversidad, ayudar en la lucha contra el cambio climático y proporcionar seguridad alimentaria a miles de millones de personas. Nuestro destino y el destino de los océanos están íntimamente relacionados.
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