El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, magistrado comisionado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar las posibles disfunciones que podrían haber concurrido en la instrucción por la muerte de Romina Celeste, ha concluido que, durante los cuatro años que ha durado el proceso, la causa “en ningún momento ha estado paralizada”, sino que, por el contrario, el dictado de resoluciones por parte de la magistrada y las dos juezas sustitutas que estuvieron en ese periodo al frente del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Arrecife “ha sido prácticamente continuo”.
El instructor de las diligencias informativas incoadas de oficio por la Sala de Gobierno ha concluido, tras dos jornadas de la semana pasada examinando minuciosamente el procedimiento en los juzgados de Arrecife de Lanzarote, que no existe “indicio alguno” de que ninguna de las tres instructoras que actuaron en la causa a lo largo de estos cuatro años “pudiese haber incurrido en algún tipo de responsabilidad”.
Como estaba previsto, Moya Valdés ha presentado su informe sobre el caso Romina, de carácter reservado, ante la Sala de Gobierno, de la que es miembro nato. Desde este órgano se apunta que, a la vista de contenido del documento, se constata que se trata “de un asunto muy complejo que se sigue por delito de homicidio sin que exista el cadáver”, lo que ha exigido la práctica de numerosas pruebas, entre ellas las periciales, algunas imprescindibles para la buena instrucción de la causa y que, al tratarse de actuaciones de investigación, pertenecen al ámbito jurisdiccional, por lo que la Sala de Gobierno no puede pronunciarse sobre su pertinencia o utilidad.
El órgano de gobierno de los jueces de Canarias expone que, no obstante, en la investigación por la muerte de Romina Celeste sí “se observa alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el presente de causa con preso, se debería evitar”.
La Sala de Gobierno anuncia que, “lamentando profundamente lo acontecido”, para coadyuvar a que en el futuro la instrucción dure “lo menos posible”, se dirigirá a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para interesar que “se dote de los medios necesarios al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, cuyo informe, complejo, desde luego, se ha dilatado más de dos años”, así como al Servicio de Modernización de dicha Dirección General, responsable del sistema de gestión procesal, para que, en todos los documentos judiciales en los que proceda, conste y se destaque de manera visible la mención “causa con preso”, y ello a fin de que no exista duda acerca del carácter preferente en su tramitación.
Se informa, por último, de que el encausado en este procedimiento, actualmente en libertad a la espera de juicio y sometido a medidas cautelares (se le ha retirado el pasaporte con imposibilidad de expedición de uno nuevo, tiene prohibido salir del país y debe presentarse todos los lunes a firmar en el juzgado donde tiene establecida su residencia), está cumpliendo hasta el momento con todas las obligaciones que se le han impuesto.
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