En un encuentro con periodistas, Carmen Montón criticó también que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya realizado nunca unas declaraciones condenando la violencia de género, y reclamó que el Ejecutivo "reponga" los presupuestos destinados a luchar contra esta lacra social.
En este sentido, advirtió de que las políticas que está llevando a la práctica el Gobierno están contribuyendo a que el problema de la violencia de género se esté agudizando en los últimos años, hasta tal punto de que el número de denuncias se está reduciendo, al tiempo que lo está haciendo también el rechazo social y la prevención. Así, denunció que el término violencia de género "haya desaparecido por ejemplo de la educación en España" con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Una ofensiva parlamentaria
Para intentar revertir esta situación y que el Gobierno refuerce sus políticas en este campo, Carmen Montón explicó que van a comenzar el curso con una "ofensiva parlamentaria", por lo que han presentado en el Congreso 21 peticiones de comparecencia de diferentes cargos políticos cuyo trabajo está relacionado con la violencia machista, entre las que destaca la de Ana Mato, que también será interpelada por este asunto durante la próxima Sesión de Control al Gobierno.
Además, los socialistas exigen la comparecencia no sólo del departamento de Igualdad, sino también del Ministerio de Justicia, Interior y de Presidencia, como es el caso de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que informe, "ante las evidencias del retroceso en la lucha contra la violencia de género y los terribles asesinatos machistas de este verano", de las propuestas que deba incorporar el programa legislativo del Gobierno para combatir la violencia de género.
Por otro lado, el PSOE ha anunciado que va a presentar una proposición no de ley (PNL) para el desarrollo de sistema seguimiento integral en los casos de violencia de género y de integración de su información con la de los puntos de coordinación autonómicos de las órdenes de protección. Además, ha presentado otra PNL para el inmediato cumplimiento de la resolución del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, en relación con el caso de Ángeles Carreño, cuya hija fue asesinada por no haber sido protegida adecuadamente de su padre, y que desencadenó tras años de litigio que España fuera condenada por este asunto por Naciones Unidas.