European Union

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos para la municipalidad de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo de Cohesión Europeo, tenía como objetivo mejorar el transporte público y reducir la contaminación del aire. Se sospecha que el acusado declaró falsamente que los autobuses provenían de una empresa polaca, cuando en realidad fueron comprados a una compañía estatal bielorrusa sujeta a sanciones de la UE. Si es declarado culpable, enfrenta penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras una alerta privada, evidenciando deficiencias en la detección por parte de las autoridades nacionales.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Bucarest contra un ciudadano rumano y una empresa por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la UE. Se investiga el uso de documentos falsificados para obtener ilegalmente alrededor de 593,000 euros de fondos europeos y 104,000 euros del presupuesto nacional. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre tres a diez años y multas significativas. La investigación incluye la incautación de bienes para compensar el daño estimado.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius ha logrado cuatro condenas, incluyendo a dos exfuncionarios de aduanas, por un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. El tribunal regional de Vilnius dictó sentencia el 23 de enero, multando a los acusados y confiscando bienes relacionados con el contrabando. Los cigarrillos fueron introducidos ilegalmente en la UE desde Bielorrusia sin control aduanero, con más de tres millones de paquetes smuggled. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación de Lituania.

Seis personas, incluido el exalcalde de Beceni, han sido acusadas de fraude y corrupción en Rumanía por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El caso, que se presenta ante el Tribunal de Bucarest, involucra dos proyectos financiados por la UE para desarrollar campos deportivos y un centro multifuncional. Se alega que entre 2019 y 2021, el exalcalde presentó documentos falsos y recibió sobornos, obteniendo ilegalmente alrededor de 200,000 euros. Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y diez años. La EPPO investiga delitos contra los intereses financieros de la UE.