La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los implicados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). Los montos ilegales fueron transferidos a cuentas bancarias de empresas ficticias, utilizando operaciones comerciales inexistentes. Las acciones se llevaron a cabo en varios países, incluyendo Chipre y Malta, con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Los acusados enfrentan penas de prisión y multas significativas si son declarados culpables.
La Central Criminal Court de España ha condenado al administrador de una empresa por fraude al obtener subsidios de la UE destinados a la promoción del vino español en mercados externos. La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), revela que entre 2019 y 2022 se presentaron facturas falsas por actividades no realizadas, lo que resultó en reclamaciones fraudulentas superiores a 55,000 euros. El condenado deberá pagar una multa y ha reembolsado el total obtenido indebidamente. Esta sentencia destaca el compromiso de la EPPO en proteger los intereses financieros de la UE.
El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, alcanzando un total de 2,666 casos activos y un daño estimado de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% en comparación con el año anterior destaca la creciente actividad de la EPPO, especialmente en relación con el fraude del IVA y los fondos de NextGenerationEU. En 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, lo que refleja una mejora en la cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales. La EPPO también logró congelar activos por valor de €849 millones y presentó 205 acusaciones. Para más información, visita el enlace al informe completo.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos para la municipalidad de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo de Cohesión Europeo, tenía como objetivo mejorar el transporte público y reducir la contaminación del aire. Se sospecha que el acusado declaró falsamente que los autobuses provenían de una empresa polaca, cuando en realidad fueron comprados a una compañía estatal bielorrusa sujeta a sanciones de la UE. Si es declarado culpable, enfrenta penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras una alerta privada, evidenciando deficiencias en la detección por parte de las autoridades nacionales.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, valorado en más de 94.5 millones de euros. Los acusados, incluidos dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, habrían proporcionado información falsa para obtener fondos europeos. Se impuso una fianza a tres de los acusados y se prohibió la salida del país a uno de ellos. La investigación revela que las empresas del consorcio no tenían la experiencia necesaria para ganar el contrato, lo que llevó a la firma del acuerdo bajo falsedades.
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Una investigación de cinco años sobre una organización mafiosa 'Ndrangheta activa en Alemania e Italia ha culminado con la detención de 29 sospechosos en una operación conjunta entre las autoridades italianas y alemanas, respaldada por Eurojust. La organización criminal estaba implicada en delitos como el tráfico de drogas, evasión fiscal y fraude comercial, especialmente en el área de Stuttgart. La operación incluyó alrededor de 40 registros en ambos países y la participación de más de 350 agentes de la ley. Se destaca un fraude elaborado relacionado con productos alimenticios costosos, que eran vendidos ilegalmente a restaurantes. Esta acción representa un esfuerzo significativo para desmantelar redes delictivas transnacionales.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación contra un empresario rumano y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción, financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó apoyo financiero para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un cargo gubernamental relevante. Esto resultó en la obtención ilegal de aproximadamente 365,000 euros del presupuesto de la UE. Si es declarado culpable, podría enfrentar entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por un fraude agravado de subsidios que asciende a 1.73 millones de euros relacionados con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulaciones en el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de la cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas por estos delitos pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión y multas significativas.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Bucarest contra un ciudadano rumano y una empresa por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la UE. Se investiga el uso de documentos falsificados para obtener ilegalmente alrededor de 593,000 euros de fondos europeos y 104,000 euros del presupuesto nacional. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre tres a diez años y multas significativas. La investigación incluye la incautación de bienes para compensar el daño estimado.
Seis personas, incluido el exalcalde de Beceni, han sido acusadas de fraude y corrupción en Rumanía por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El caso, que se presenta ante el Tribunal de Bucarest, involucra dos proyectos financiados por la UE para desarrollar campos deportivos y un centro multifuncional. Se alega que entre 2019 y 2021, el exalcalde presentó documentos falsos y recibió sobornos, obteniendo ilegalmente alrededor de 200,000 euros. Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y diez años. La EPPO investiga delitos contra los intereses financieros de la UE.
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