Un hombre ha sido condenado a una multa de 5.670 euros por tocar el culo a dos mujeres en un bar de Pamplona. La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 establece que los actos constituyen dos delitos de agresión sexual, aunque se han considerado atenuantes como la reparación del daño y la embriaguez del acusado. Además, deberá indemnizar a una de las víctimas con 1.000 euros y a la otra con 800 euros. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de marzo de 2024.
Un Juzgado de Cambados ha condenado a dos propietarios de bares por piratear partidos de LALIGA, imponiéndoles multas y indemnizaciones. Las sentencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 reflejan un delito leve contra el mercado y consumidores, según el artículo 286.4 del Código Penal. Cada dueño deberá pagar una multa de 90 euros y compensaciones de 255,73 y 705,89 euros. Actualmente, hay alrededor de diez procedimientos abiertos en Cambados relacionados con denuncias de LALIGA por este tipo de infracciones.
El acusado, que se ha conformado con la pena de prisión y 1.080 euros de multa, ha consignado 12.000 euros para reparar el daño moral causado a las perjudicadas.
La Audiencia de Sevilla condena a ocho años y diez meses de cárcel al teniente de la Guardia Civil juzgado por cohecho, tráfico de drogas en grado de tentativa y hurto. Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, el oficial del Instituto Armado tendrá que pagar además una multa de 1.500.000 euros.
La orden del día de los usuarios de hoteles es dar una opinión a través de Internet para ayudar a los demás usuarios de la red a elegir alojamiento. Pues ahora, por lo visto, hay que tener cuidado con los comentarios que se hacen.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la condena de 4 años y 3 meses de prisión para dos individuos interceptados con cocaína en Badajoz. La sentencia, que también incluye una multa de 49.000 euros, fue confirmada tras desestimar el recurso de apelación presentado por los acusados. Los detenidos fueron sorprendidos por la Policía Nacional mientras transportaban una mochila con cocaína en su vehículo, cuyo valor en el mercado ilegal podría haber alcanzado cifras significativas.
La Sala rechaza la argumentación de la empresa, que en su recurso sostenía que la cláusula sobre facturación no imponía al cliente la factura electrónica.
