Como es público, el clan Pujol eligió Andorra, entre otros “paraisos fiscales”, para llevar lo que robaban por el tres por ciento de comisiones a los catalanes, en bolsas con billetes de 500 euros que depositaban en cuentas bancarias del principado.
La Batllia -el juez-, sección de Instrucción 2, entiende que el entonces bloguero incurrió en un delito de revelación de secretos, que en Andorra está tipificado en el código penal, a instancia de los abogados de los Pujol, que presentaron la denuncia, por lo que le comunican su procesamiento por un delito menor de revelación de secretos.
La querella de los Pujol contra Juan Carlos Gaeta es una tentativa de silenciar las informaciones que se vienen publicando sobre los cientos, o miles, de millones que la familia, del que fuera presidente de la Generalidad catalana, que durante años robó miles de millones de las obras públicas a las empresas catalanas, se depositaron en bancos andorranos.
La denuncia de Oleguer Pujol Ferrusola está motivada por publicar que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra indagó en el capital de los Pujol en los bancos del Principado. Un caso de interés público que excede de la privacidad que pretenden los Pujol, aunque con la denuncia se intenta amedrentar a un medio independiente andorrano, que desde su fundación ha informado con todo detalle todas las tropelías que las autoridades andorranas han consentido a un Jordi Pujol al que se le recibía con honores de Jefe de Estado, cada vez que llegaba en helicóptero con bolsas llenas de millones de euros para depositarlo en los bancos andorranos, fuera del control fiscal español.
Ahora, Juan Carlos Gaeta, columnista del diario altaveu.com, se enfrenta a un juicio donde el abogado de los Pujol le acusa de violación de secretos, delito castigado con una pena de prisión de tres meses a tres años, acogiéndose a un artículo sobre revelación de secretos que vulnera claramente la libertad de expresión y la obligación de un medio periodístico de publicar noticias de interés público, por encima de los intereses particulares precisamente de quienes han defraudado a la hacienda pública de España depositando el dinero robado en bancos del Principado, cuyos dueños están muy relacionados con las autoridades andorranas.