Al menos 657 personas fueron ejecutadas en todo el mundo en 2019, lo que supone un 5% menos respecto a 2018, el quinto año consecutivo de descenso y la cifra más baja de la pena de muerte en la última década, pese a que Arabia Saudí ejecutó a un número sin precedentes de ciudadanos.
Amnistía Internacional (AI) recoge estos datos en su último informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, hecho público este martes. Las estadísticas de esta organización recogen las ejecuciones de las que se tuvo noticia el año pasado en todo el mundo salvo en China, cuyas cifras -presumiblemente varios miles de personas- siguen clasificadas como secreto de Estado.
Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron el año pasado a 184 personas, que es el mayor número de ejecuciones registradas por AI en este país en un año. En Iraq se duplicaron las ejecuciones e Irán retuvo su posición como el segundo país que más aplica la pena máxima, después de China, cuyos números son secretos.
Esos países van contra la tendencia mundial de la pena de muerte en la actualidad, que ha experimentado un descenso por cuarto año consecutivo tras las 1.634 ejecuciones de 2015 (récord desde que AI comenzara a recopilar datos en 1989).
Además de Arabia Saudí e Iraq, también aumentaron de forma significativa las ejecuciones en Sudán del Sur y Yemen en comparación con 2018, Bahréin y Bangladesh las reanudaron tras un año de interrupción, el poder legislativo de Filipinas propuso proyectos de ley para reintroducir la pena de muerte y Sri Lanka y el Gobierno federal de Estados Unidos amenazaron con reanudar las ejecuciones después de años sin haber llevado a cabo ninguna.
20 PAÍSES
Sólo 20 países son responsables de todas las ejecuciones conocidas que se llevaron a cabo en el mundo durante el año pasado. Arabia Saudí, Iraq, Sudán del Sur y Yemen ejecutaron considerablemente a más personas en 2019 que en 2018.
Los cinco países que llevaron a cabo más ejecuciones el año pasado fueron China (miles), Irán (al menos 251), Arabia Saudí (184), Iraq (al menos 100) y Egipto (al menos 32).
La directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Clare Algar, indicó que "la pena de muerte es un castigo aberrante e inhumano, y no existen pruebas convincentes de que sea más eficaz que las penas de prisión". "La inmensa mayoría de los países así lo han reconocido y es alentador ver que las ejecuciones continúan disminuyendo en todo el mundo", añadió.
Sin embargo, subrayó que "un número reducido de países desafió la tendencia mundial hacia la reducción de la pena capital y recurrió cada vez más a las ejecuciones". “El creciente uso que Arabia Saudí hace de la pena de muerte, entre otras cosas como arma contra la disidencia política, constituye una alarmante novedad. También fue impactante el enorme salto en el número de ejecuciones en Iraq, que casi se doblaron en sólo un año", apuntó.
ARABIA SAUDÍ
Amnistía Internacional destaca el caso de Arabia Saudí, que ejecutó a 184 personas (seis mujeres y 178 hombres), cuando en 2018 fueron 149. La mitad de ellas eran ciudadanos extranjeros. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo por delitos relacionados con las drogas y por asesinatos, si bien también se produjo un incremento en el empleo de la pena capital como arma política contra la disidencia de la minoría musulmana chií en tierras saudíes.
En Iraq, casi se duplicó el número de personas ejecutadas, de al menos 52 en 2018 a al menos 100 en 2019, debido en gran medida a que la pena capital se siguió usando contra personas acusadas de pertenecer al grupo armado autodenominado Estado Islámico (o Daesh).
En Sudán del Sur, las autoridades ejecutaron al menos a 11 personas, el número más alto registrado desde la independencia del país en 2011. Yemen ejecutó al menos a siete personas en 2019, frente a las al menos cuatro en 2018. Bahréin también reanudó las ejecuciones tras un año de interrupción, y ejecutó a tres personas.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Muchos países no han publicado ni ofrecido información oficial sobre su uso de la pena de muerte en 2019, lo que pone de relieve la falta de transparencia en torno a la práctica de muchos gobiernos, según Amnistía.
Irán es el segundo país, sólo superado por China, que más utilizó la pena de muerte. En 2019 ejecutó al menos a 251 personas, en comparación con las, al menos, 253 de 2018; cuatro de ellas eran menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito. Sin embargo, la falta de transparencia dificulta confirmar el número real de ejecuciones, que podría ser mucho mayor.
"En todo el mundo se llevan a cabo ejecuciones en secreto. Desde Bielorrusia a Botsuana, y de Irán a Japón, muchos países llevaron a cabo ejecuciones sin avisar previamente a las familias, representantes legales o incluso, en algunos casos, a las propias personas ejecutadas", aseguró Algar.
ABOLICIÓN MUNDIAL
Sin embargo, por primera vez desde 2011 ha habido una disminución en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones en la región de Asia y Oceanía, donde siete de ellos notificaron ejecuciones durante el año. Japón y Singapur redujeron considerablemente el número de ejecuciones, de 15 a 3 y de 13 a 4, respectivamente.
Por primera vez desde 2010 no se llevaron a cabo ejecuciones en Afganistán. Se tuvo conocimiento de que se había interrumpido esta práctica en Taiwán y Tailandia -países que habían ejecutado a personas en 2018- y en Kazajistán, Rusia, Tayikistán, Malasia y Gambia siguieron manteniendo moratorias oficiales de las ejecuciones.
En todo el mundo, 106 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 países lo habían hecho en la ley o en la práctica.
Además, varios países adoptaron medidas positivas tendentes a la abolición de la pena de muerte. Así, el presidente de Guinea Ecuatorial anunció en abril que su gobierno aprobaría legislación destinada a abolir la pena de muerte. En la República Centroafricana, Kenia, Gambia, y Zimbabue se registraron novedades positivas que podrían dar lugar a la abolición de la pena capital. Barbados también eliminó de su Constitución la pena de muerte preceptiva.
En Estados Unidos, el gobernador de California estableció una moratoria de las ejecuciones en el estado que tiene la cifra más elevada de personas condenadas a muerte, y Nuevo Hampshire se convirtió en el 21º estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte para todos los delitos.