iberado a tres víctimas, desarticulando una organización dedicada a la explotación sexual en clubs de alterne y casas de citas.
La red criminal se aprovechaba de su vulnerabilidad dado que se trataba de mujeres con cargas familiares considerables y en situación de necesidad económica. Las víctimas contraían una deuda económica de hasta 2.000 euros debido a su traslado a España, cantidad que iba en aumento si se negaban a mantener relaciones sexuales con uno de los principales responsables de la organización, que “las probaba para ver si servían”. El entramado criminal contaba con colaboradores en Brasil que facilitaban documentos falsos, tanto visados de estudiante como certificados de vacunación COVID. También utilizaba a colaboradores con funciones de testaferros que se encargaban de los clubs de alterne.
Estructura criminal
El entramado disponía de una clara distribución de funciones entre sus integrantes. Uno de los dirigentes de la organización, se encargaba de captar a las víctimas en su país de origen en Brasil y de gestionar el viaje en avión hasta territorio nacional, donde las alojaba y trasladaba para su entrega a otro de los cabecillas. Este regentaba los clubs de alterne donde explotaban a sus víctimas en la provincia de Pontevedra.
La organización tenía colaboradores en Brasil que facilitaban visados de estudiante o certificados de vacunación COVID falsificados, además de otros integrantes que tenían funciones de testaferros u “hombres de paja” que se encargaban de los clubs de alterne. La entrada en Europa se realizaba fundamentalmente a través de Lisboa, desde donde las víctimas eran trasladadas por carretera a clubs o pisos de citas en una localidad de Pontevedra. Una vez en España, las llevaban a diario en taxis de confianza de la red criminal a otros clubs de alterne.
“Probadas a ver si servían”
Las víctimas, principalmente de nacionalidad brasileña, se encontraban en su país de origen en una situación muy precaria, de especial necesidad económica y con importantes cargas familiares, condición que aprovechaba la red criminal para su captación. Los integrantes de la organización les facilitaban los billetes de avión y les daban una cantidad económica en concepto de “viático” para justificar los requisitos de entrada en territorio Schengen.
Debido a su traslado a España, las víctimas contraían una deuda económica de hasta 2.000 euros, obligación que desconocían en el momento de su captación y que debían saldar ejerciendo la prostitución en clubs de alterne y en casas de citas de la provincia de Pontevedra. Uno de los principales responsables del entramado mantenía relaciones sexuales con sus víctimas para “probar a ver si servían”.
Por cada servicio sexual debían entregar entre 10 y 20 euros o el 50% de lo que cobraban en las casas de citas. La organización criminal también se lucraba del alterne de las mujeres con los clientes, llevándose 10 euros del pago de las consumiciones a las que eran invitadas por los clientes, y de su propio alojamiento, que podía llegar hasta los 100 euros semanales. Además, los miembros de la red les imponían a sus víctimas un sistema de multas que iba de los 30 a los 60 euros, del que no se explicaba motivo alguno sobre la supuesta infracción cometida.
Debían estar disponibles las 24 horas a través de una página web que el entramado destinaba a la publicidad de la prostitución, anuncios en los que constaba el número de teléfono de cada una de sus víctimas y por los que además ellas debían pagar la cantidad de 30 euros.
Investigación policial
La investigación ha culminado con tres víctimas liberadas y 14 detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal, relativos a la prostitución y blanqueo de capitales en la provincia de Pontevedra.
Se han realizado cinco entradas y registros en inmuebles ubicados en Pontevedra, en tres clubs de alterne y dos pisos. Gracias a esta labor policial, se ha conseguido la clausura judicial de los establecimientos que utilizaban para la explotación. Se ha intervenido un vehículo de alta gama, casi 12.000 euros en efectivo, más de diez terminales móviles, otros dispositivos informáticos y documentación relacionada con la investigación.