"Las cifras de víctimas relacionadas con el conflicto que figuran en este informe no son simplemente un conjunto de números abstractos, sino que representan a seres humanos individuales", dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un comunicado de prensa (EN).
"El impacto del asesinato de cada uno de estos 306.887 civiles supuso un efecto profundo y reverberante en la familia y la comunidad a la que pertenecían".
El informe, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, documenta en detalle 143.350 muertes de civiles. Se han utilizado técnicas estadísticas de imputación y estimación de sistemas múltiples para conectar los puntos sobre la información que falta.
Con estas técnicas, se evaluó la existencia de otras 163.537 muertes de civiles, lo que da el nuevo y crudo cálculo.
“La labor de las organizaciones de la sociedad civil y de la ONU en materia de seguimiento y documentación de las muertes relacionadas con los conflictos es esencial para ayudar a estas familias y a estas comunidades a establecer la verdad, buscar responsabilidades y soluciones eficaces” dijo la señora Bachelet. "Este análisis también dará una idea más clara de la gravedad y la escala del conflicto".
El informe desglosa los datos de las muertes documentadas, incluyendo la edad, el género, el año, la provincia, los probables responsables y el tipo de arma utilizada.
La estimación de 306.887 se traduce en una media de 83 civiles que sufrió una muerte violenta cada día durante ese decenio, lo que representa "un asombroso 1,5% de la población total", según el informe.
También suscita una gran preocupación "el incumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario sobre la protección de los civiles por las partes en conflicto".
"Permítanme decirlo con toda claridad: estas son las personas muertas como consecuencia directa de las operaciones de guerra. Esto no incluye a los muchos, muchos más civiles que murieron debido a la pérdida de acceso a la asistencia sanitaria, a los alimentos, al agua potable y a otros derechos humanos esenciales, que aún están por evaluar", sentenció la Alta Comisionada.
El informe expone los desafíos que plantea el registro de víctimas durante un conflicto, más allá del riesgo inmediato para quienes intentan acceder a los lugares de los ataques.
"Cuando los agentes de la sociedad civil llevan a cabo el registro de víctimas, estos esfuerzos pueden poner en riesgo a los propios investigadores. También se enfrentan a múltiples retos en su labor de documentación, como el colapso de sus redes habituales de información, ya que las personas están en movimiento, desplazadas o en zonas donde hay una interrupción general de la información; el acceso limitado o insuficiente de los datos móviles, internet y la electricidad para recoger y transmitir los datos; así como las limitaciones en sus desplazamientos y la vigilancia", señala el informe.
La información correspondiente a los distintos periodos de los diez años abarcados se obtuvo de varios centros locales de derechos humanos, así como de los registros del gobierno y de la propia Oficina de Derechos Humanos.
El proceso situó "a las personas, sus familias y comunidades en el centro, garantizando que los asesinados no sean olvidados y que la información esté disponible para los procesos relacionados con la rendición de cuentas y para acceder a una serie de derechos humanos", afirma el estudio.
"A menos que el conflicto termine y hasta que lo haga, existe un riesgo continuo de víctimas mortales entre los civiles. Por lo tanto, es fundamental que todos los Estados, las Naciones Unidas y la sociedad civil utilicen todos los medios disponibles para poner fin al conflicto y apoyar una transición hacia la paz”, concluye.