La querella tipifica los hechos como delito de asesinato en conexidad con un delito consumado de coacciones y amenazas terroristas y se dirige, entre otros, contra exresponsables del aparato militar de ETA como Ignacio G.A., ‘Iñaki de Rentería’, Javier G.G., ‘Txapote’, Juan Antonio O.G. o Ainhoa M.G.
En la querella que ahora investigará el juez Abascal, Dignidad y Justicia relata que a lo largo de los años los comités ejecutivos de ETA, Zubas, han dirigido la política de expulsiones forzadas de distintos sectores de la población vasca no nacionalista, mediante coacciones y amenazas que progresivamente se iban ampliando e individualizando sobre los ciudadanos que ejercían resistencia cívica democrática ante ETA.
Jesús María Pedrosa Urquiza fue asesinado la mañana del 4 de junio de 2000, en la localidad de Durango, cuando regresaba caminando a su domicilio. Un miembro de ETA se le acercó por detrás y le disparó en la nuca, causándole la muerte de forma casi instantánea. Un segundo terrorista, también sin identificar, recogió en un vehículo al autor del atentado y ambos se dieron a la fuga.
La querella sitúa este asesinato como consecuencia de la resistencia cívica y heroica del concejal del PP ante ETA y por su negativa a abandonar el País Vasco. Según los querellantes, fue un crimen instrumental o ejemplarizante de cara a otros muchos perseguidos por la banda terrorista a los que igualmente ETA quería expulsar del territorio en el que se hallaban legítimamente presentes.
La querella destaca que la propia Zuba ensalzó el asesinato de Pedrosa y recuerda que hasta 2005 no hubo una contraorden de ETA de no atentar contra concejales.
En su auto, Abascal explica que desde principios de los 80, ETA dispuso de una jerarquía en la que su cúpula o comité ejecutivo asumía todas las funciones directivas y, en consecuencia, las tomas de decisiones para llevar a cabo una acción terrorista, aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo, se difundían a todos los militantes. “El comité ejecutivo -explica- decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”.
Después de analizar los informes de análisis de información relacionados con ETA, el magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción Uno considera que la querella tiene una primera apariencia de infracción penal.
El instructor señala que las amenazas que recibió el concejal antes de su muerte y su posterior ejecución “evidencian el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó en el ZUZEN 79 (contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria”).
Una estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente que alimenta el clima de amenaza con vocación de perdurar en el tiempo.
Para el magistrado, el asesinato de Jesús María Pedrosa no sólo es un asesinato terrorista. “Supone, además, una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011, y con eso no solo se acaba con la vida de la concreta persona, en este caso el Sr. Pedrosa Urquiza, sino que se alimenta ese clima de amenaza creado con …