La Sala les considera autores de un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos para el que aprecia, como muy cualificada, la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento judicial ha durado cerca de diez años, periodo en el que se celebró una primera vista oral y se dictó una primera sentencia que fue anulada después por el Tribunal Supremo tras un recurso de casación.
Los hechos se remontan al año 2013, año en el que uno de los penados, un empresario libanés, se encontraba aquejado de una enfermedad hepática que requería un trasplante de hígado.
En un principio su hijo, también condenado en esta causa, se hizo pruebas para intentar ser donante de su padre, pero los médicos le indicaron que tenía un hígado muy pequeño y la operación podía comportar riesgo para su salud.
En esa tesitura, el empresario solicitó ayuda a dos sobrinos suyos y a un conocido que residían en España, todos ellos de nacionalidad libanesa, quienes contactaron y se reunieron a su vez con personas sin recursos o en situación de necesidad económica para ofrecerles cantidades de dinero de hasta 40.000 euros u otro tipo de recompensas para que fueran donantes.
Incluso llegaron a acompañar a algunas de esos potenciales donantes a una clínica de Valencia a fin de que se sometieran a diversas analíticas y pruebas, cuyos gastos fueron sufragados por la empresa de los sobrinos del empresario, según consta en la resolución judicial.
Con uno de ellos llegaron más lejos y lo acompañaron a una clínica de Navarra y a un hospital de Barcelona, donde se hizo pasar por un “amigo de un amigo” que donaba su órgano de manera gratuita y altruista. No obstante, en ambos casos fue rechazado al no resultar creíble su modo de proceder.
Finalmente, al no hallar a personas que quisieran asumir el riesgo y fueran admitidas en el hospital barcelonés, fue el hijo del empresario, tras una nueva prueba, quien actuó como donante en una operación de trasplante legalizada el 26 de agosto de 2013.
La Sala ha impuesto la mayor condena por estos hechos, tres años y tres meses de cárcel, a uno de los intermediarios, debido al “papel crucial” que desarrolló en la trama y al “ánimo de lucro”.
Por su parte, los dos sobrinos han sido condenados a tres años y un día de prisión, mientras que la pena para el hijo del empresario ha sido fijada en un año, seis meses y un día de cárcel.
El propio empresario ha sido condenado a ocho a ocho meses y un día de cárcel, en su caso después de que los magistrados hayan tenido en cuenta que estaba en “situación de riesgo vital”.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.