La investigación se inició en junio de 2021 cuando los agentes tuvieron noticias de la presencia en España de un matrimonio de nacionalidad ucraniana que estaría dirigiendo desde una empresa española, una cadena de suministro de material aeronáutico militar, eludiendo los controles establecidos por la legislación vigente en esa materia y, por tanto, cometiendo un delito de contrabando.
Entre las funciones que desempeña la Comisaría General de Información de Policía Nacional se encuentra la investigación de los delitos relativos al tráfico ilícito de materiales de defensa y tecnologías de doble uso, desde el marco de referencia de los reglamentos de control comunitarios y de los embargos internacionales.
Por su parte, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de sus competencias para el descubrimiento, persecución y represión de los actos e infracciones de contrabando, ejerce entre otras funciones, la fiscalización de las operaciones de comercio internacional.
En el escenario actual de guerra en Ucrania, las cadenas de suministro de la industria militar rusa se han visto gravemente dañadas por la aplicación del Reglamento (UE) 833/2014 del Consejo, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania y su posterior refuerzo a consecuencia de la invasión rusa de febrero de 2022.
El entramado sobre el que se ha intervenido estaba diseñado para el suministro de equipamientos militares del sector aeronáutico. La operación se desencadenó en el intento de evitar la inminente salida desde territorio europeo de un envío de cristales para cabinas de aviones militares.
El análisis de las operaciones hizo emerger un entramado que había diseñado una sofisticada ingeniería aduanera, a nivel internacional, para realizar operaciones en las que se declaraba que el destino de las mercancías eran países no sometidos a embargo, siendo realmente Rusia su destino final.
Como consecuencia de la intervención de los agentes se han materializado dos detenciones y los consiguientes registros domiciliarios, en los que se ha intervenido documentación física y efectos informáticos, además de dos vehículos de alta gama.
La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Comisaría General de Información, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación continúa abierta con objeto de acreditar otras operaciones comerciales ilegales de esa misma naturaleza ya efectuadas asi como las que estuvieran en marcha y proceder a la plena identificación, localización y detención de otros individuos implicados en estos hechos.
El Juzgado Central número cinco de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos.