Los miembros de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania declararon ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que han documentado ataques con armas explosivas contra edificios residenciales, infraestructura civil e instituciones médicas, así como torturas y violencia sexual y de género.
El presidente de la Comisión, Erik Møse, ofreció al Consejo detalles desgarradores sobre los hallazgos, señalando que en la región de Jerson, "los soldados cometieron actos de violencia sexual contra mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 83 años". Estas acciones iban acompañadas a menudo de amenazas o incluso la comisión de otros abusos de los derechos de las víctimas.
"Con frecuencia, mantenían a los miembros de la familia en una habitación contigua, por lo que se veían obligados a oír las violaciones que se cometían", dijo Møse.
La Comisión afirmó que sus investigaciones en Jerson y Zaporiyia indican el uso "generalizado y sistemático" de la tortura por parte de las fuerzas armadas rusas contra personas acusadas de ser informantes del ejército ucraniano. Esta práctica condujo en algunos casos a la muerte.
Møse citó las palabras de una víctima de torturas: "Cada vez que respondía que no sabía o no recordaba algo, me daban descargas eléctricas... No sé cuánto duró. Me pareció una eternidad".
Los comisionados también indicaron que han seguido investigando situaciones individuales de presuntos traslados de niños sin acompañantes a la Federación Rusa por parte de las autoridades rusas.
"Este punto sigue ocupando un lugar muy destacado en nuestra lista de prioridades", aseguró Møse al Consejo.
La Comisión expresó su preocupación por las acusaciones de genocidio en Ucrania, advirtiendo de que "parte de la retórica transmitida en los medios de comunicación estatales rusos y otros medios, puede constituir incitación al genocidio"
Møse declaró que la Comisión "prosigue sus investigaciones sobre estas cuestiones".
Los investigadores independientes de derechos humanos nombrados por la ONU hicieron hincapié en la necesidad de rendir cuentas y lamentaron que todas sus comunicaciones dirigidas a la Federación Rusa "sigan sin respuesta".
En su informe, los comisionados también instaron a las autoridades ucranianas a investigar "rápida y exhaustivamente" los pocos casos de violaciones cometidas por sus propias fuerzas.
En respuesta a las preguntas de los periodistas en Ginebra el lunes, los investigadores refutaron enérgicamente cualquier sugerencia de equivalencia en las violaciones cometidas por ambas partes.
Møse subrayó que, por parte rusa, la Comisión había encontrado un "amplio espectro" y un "gran número de violaciones". Por parte ucraniana, hubo "algunos ejemplos" relacionados con ataques indiscriminados, así como "malos tratos a rusos cautivos en Ucrania", dijo.
La última actualización refleja las investigaciones en curso de la Comisión durante el segundo mandato de Møse, que comenzó en abril de este año.
El comisionado afirmó que ahora se están llevando a cabo "investigaciones más exhaustivas" sobre los ataques ilegales con artefactos explosivos, los ataques que afectan a civiles, la tortura, la violencia sexual y de género, y los ataques contra infraestructuras energéticas.
"Esto también puede aclarar si la tortura y los ataques contra la infraestructura energética equivalen a crímenes contra la humanidad", dijeron los comisionados.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania fue creada por el Consejo de Derechos Humanos el 4 de marzo de 2022 para investigar todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario y delitos relacionados en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de Rusia.
Sus tres miembros son el presidente Erik Møse, Pablo de Greiff y Vrinda Grover. No forman parte del personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo.
El mandato de la Comisión de Investigación fue prorrogado por el Consejo el pasado mes de abril por un período adicional de un año. Su próximo informe a la Asamblea General está previsto para octubre.