Los repetidos ataques rusos a la red nacional de energía en Ucrania podrían provocar el desarraigo de 500.000 personas de cara al próximo invierno, según afirmaron observadores de derechos humanos de la ONU.
La alerta de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania se produce tras los importantes destrozos sufridos por las centrales eléctricas y el agravamiento de la crisis energética, que ha afectado al acceso a la electricidad, el agua potable y la calefacción, al tiempo que ha disparado los precios para los consumidores.
Los ataques a la red nacional incluyeron un ataque coordinado el 26 de agosto, que la Misión describe en un nuevo informe como uno de los mayores de Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala, en el que participaron “más de 100 misiles y 100 aviones no tripulados en numerosas regiones de Ucrania, dirigidos principalmente contra la energía y otras infraestructuras. Se aplicaron cortes de electricidad en todo el país para estabilizar la red”.
Se han producido “nueve oleadas de ataques coordinados de largo alcance y a gran escala” contra el sistema de energía eléctrica de Ucrania entre el 22 de marzo y el 31 de agosto de 2024, señala el informe. Éstos han dañado o destruido “numerosas instalaciones de generación, transmisión y distribución de energía” y han causado daños a la población civil y al suministro eléctrico, la distribución de agua, los sistemas de alcantarillado y saneamiento, la calefacción y el agua caliente, la salud pública, la educación y la economía del país.
El informe cita además estimaciones según las cuales los últimos ataques contra la infraestructura energética han “puesto a más del 10% de la población, o 3,7 millones de personas, en riesgo de consumir agua potable contaminada. Los riesgos aumentan para los lactantes y los niños pequeños, las personas mayores, las personas inmunodeprimidas y las que padecen comorbilidades importantes”.
Desde marzo de 2024, los ataques rusos han alcanzado instalaciones en 20 de las 24 regiones bajo control ucraniano, incluida la capital, Kiev. Se registraron 36 ataques contra centrales eléctricas en nueve regiones y al menos 101 ataques confirmados contra instalaciones de distribución y transmisión de electricidad en 17 regiones. “Muchas instalaciones energéticas fueron atacadas repetidamente, algunas hasta el punto de la destrucción total”, indica el informe, marcando que “llevará años repararlas y restaurarlas por completo”.
Citando datos del Banco Nacional de Ucrania, la Misión muestra que antes de la invasión rusa a gran escala del 24 de febrero de 2022, Ucrania tenía 44,1 gigavatios de capacidad eléctrica disponible, a través de sus centrales nucleares, térmicas e hidroeléctricas, así como de fuentes renovables. Pero en abril de 2023, la red nacional ucraniana había perdido casi la mitad de su capacidad de producción disponible a causa de la ocupación y la destrucción. Además, 42 de sus 95 transformadores de alto voltaje resultaron dañados, lo que interrumpió la distribución de electricidad a los hogares.
Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), más de 6,7 millones de ucranianos han huido del país desde la invasión rusa. Unos 6,2 millones siguen en Europa y otros 3,6 millones permanecen desplazados dentro de Ucrania. ACNUR considera “improbable” que estas cifras disminuyan pronto.
La vigilancia fronteriza realizada por la agencia y sus socios mostró un ligero aumento de las salidas de Ucrania desde abril de este año, vinculado a la falta de acceso a electricidad, agua y calefacción. Pero “ese aumento se incrementó notablemente” en junio hasta alcanzar a uno de cada cuatro encuestados, a medida que los cortes de energía se hacían más frecuentes. En julio, casi la mitad de las personas contactadas en la frontera ucraniana afirmaron que se marchaban por la dificultad de acceso a la electricidad, el agua y la calefacción.
“La mayoría de los que se marchan por motivos relacionados con la energía tienen intención de quedarse temporalmente en el extranjero, pero por periodos desconocidos”, indicó ACNUR.
Más allá del previsible éxodo de personas de Ucrania, los ataques también han afectado gravemente a la educación. En julio de 2024, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calculó que se han perdido entre 78 y 311 millones de horas de estudio al mes debido a los cortes de electricidad.
Tras las oleadas iniciales de ataques en marzo de 2024, el Banco Nacional de Ucrania estimó que la economía nacional se contraería un 0,6%. En junio de 2024, los precios de la electricidad aumentaron más de dos tercios. El Gobierno del país estimó que los elevados costes de la electricidad añadirían un 1,2% a la inflación de los consumidores y un 6% en costes adicionales para los productores.
La Misión de la ONU declaró que, en vista del gran número de regiones afectadas por los ataques coordinados, “la gran precisión de las armas empleadas y la enorme magnitud de los daños infligidos a la población civil y a los sistemas civiles interconectados que suministran a la población servicios esenciales para su salud y supervivencia (...) hay motivos razonables para creer que múltiples aspectos de la campaña militar para dañar o destruir la infraestructura civil ucraniana de producción y transmisión de electricidad y calor han violado los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.”