«Israel ha perpetrado una política concertada para destruir el sistema sanitario de Gaza como parte de un asalto más amplio contra la Franja, cometiendo crímenes de guerra y el crimen de lesa humanidad de exterminio con ataques implacables y deliberados contra el personal y las instalaciones médicas», según ha afirmado hoy en un nuevo informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Oriental, e Israel*.
La Comisión también investigó el trato dado a los detenidos palestinos en Israel y a los rehenes israelíes y extranjeros en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, y concluyó que Israel y los grupos armados palestinos son responsables de tortura y violencia sexual y de género.
La presidenta de la Comisión y antigua Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aseguró que «Israel debe poner fin de inmediato a su destrucción gratuita y sin precedentes de instalaciones sanitarias en Gaza».
«Al atacar las instalaciones sanitarias, Israel está atacando el propio derecho a la salud, con importantes efectos perjudiciales a largo plazo para la población civil. Los niños, en particular, se han llevado la peor parte de estos ataques, sufriendo tanto directa como indirectamente el colapso del sistema sanitario.»
El informe concluye que las fuerzas de seguridad israelíes han matado, detenido y torturado deliberadamente a personal médico y han atacado vehículos sanitarios mientras estrechaban el asedio a Gaza y restringían los permisos para salir del territorio para recibir tratamiento médico. Estas acciones constituyen crímenes de guerra de asesinato y maltrato deliberados y de destrucción de bienes civiles protegidos, así como crímenes de lesa humanidad de exterminio.
Los ataques contra las instalaciones médicas de Gaza, especialmente las dedicadas a la atención pediátrica y neonatal, han provocado un sufrimiento incalculable a los pacientes infantiles, incluidos los recién nacidos, según el informe. Al continuar con estos ataques, Israel ha violado el derecho a la vida de los niños, les ha negado el acceso a la atención sanitaria básica y les ha infligido deliberadamente condiciones de vida que han provocado la destrucción de generaciones de niños palestinos y, potencialmente, del pueblo palestino como grupo.
En uno de los casos más atroces, la Comisión investigó el homicidio de Hind Rajab, de cinco años, junto con toda su familia, así como el bombardeo de una ambulancia de la Media Luna Roja Palestina y el homicidio de dos paramédicos enviados a rescatarla.
La Comisión determinó por motivos razonables que la 162 División del Ejército israelí operaba en la zona y es responsable del homicidio de la familia de siete miembros, del bombardeo de la ambulancia y del homicidio de los dos paramédicos que se encontraban en su interior. Esto constituye los crímenes de guerra de homicidio intencionado y ataque contra objetivos civiles.
La destrucción deliberada de las infraestructuras sanitarias que prestan atención a la salud sexual y reproductiva, unida a la falta de acceso y disponibilidad de atención médica, constituye también una violación de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas y de su derecho a la vida, la salud, la dignidad humana y la no discriminación, así como un crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos.
En cuanto a la detención de palestinos en campos militares y centros de detención israelíes, el informe concluyó que miles de niños y adultos detenidos, muchos de ellos de forma arbitraria, habían sido objeto de abusos generalizados y sistemáticos, violencia física y psicológica y violencia sexual y de género, constitutivos del crimen de guerra y crimen de lesa humanidad de tortura y del crimen de guerra de violación y otras formas de violencia sexual.
Los detenidos varones fueron sometidos a violaciones, así como a agresiones contra sus órganos sexuales y reproductores, y obligados a realizar actos humillantes y extenuantes mientras estaban desnudos o desvestidos como forma de castigo o intimidación para extraerles información.
Las muertes de detenidos como consecuencia de malos tratos o abandono equivalen a crímenes de guerra de homicidio intencional o asesinato y a violaciones del derecho a la vida.
Los menores detenidos liberados por las autoridades israelíes han regresado a Gaza gravemente traumatizados, sin compañía y con capacidad limitada para localizar a sus familias o comunicarse con ellas.
El informe concluyó que el maltrato institucionalizado de los detenidos palestinos, característica de larga data de la ocupación, se producía bajo las órdenes directas del ministro israelí encargado del sistema penitenciario, Itamar Ben-Gvir, y estaba alimentado por declaraciones del gobierno israelí que incitaban a la violencia y a la represalia.
«Los terribles abusos cometidos contra detenidos palestinos exigen rendición de cuentas y reparación para las víctimas», ha declarado Pillay.
«La falta de rendición de cuentas por las acciones ordenadas por altas autoridades israelíes y llevadas a cabo por miembros individuales de las fuerzas de seguridad israelíes y la creciente aceptación de la violencia contra los palestinos han permitido que estas conductas continúen ininterrumpidamente, convirtiéndose en sistemáticas e institucionalizadas.»
En cuanto a los rehenes israelíes y extranjeros retenidos en Gaza por grupos armados palestinos, el informe concluyó que muchos eran maltratados para infligirles dolor físico y grave sufrimiento mental, lo que incluía violencia física, abusos, violencia sexual, aislamiento forzoso, acceso limitado a instalaciones higiénicas, agua y alimentos, amenazas y humillaciones.
Hamás y otros grupos armados palestinos obligaron a los rehenes a participar en vídeos con la intención de infligir tortura psicológica a las familias de los rehenes, para lograr objetivos políticos. Varios rehenes murieron en cautiverio.
El informe señala que Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron los crímenes de guerra de tortura y tratos inhumanos o crueles, y los crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada y otros actos inhumanos que causan grandes sufrimientos o lesiones graves.
«Los grupos armados palestinos deben liberar inmediata e incondicionalmente a todos los rehenes israelíes y extranjeros retenidos en Gaza. Los rehenes deben ser tratados de acuerdo con los requisitos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos hasta que sean liberados», ha declarado Pillay.
La Comisión insta al gobierno de Israel a que cese de inmediato los ataques contra instalaciones, personal y vehículos médicos, ponga fin a la detención arbitraria e ilegal de palestinos, incluidos niños, y ponga fin a la tortura y otros malos tratos infligidos a todas las personas detenidas o recluidas.
La Comisión pide al gobierno del Estado de Palestina y a las autoridades de facto de Gaza que garanticen la protección y liberación segura de todos los rehenes de forma inmediata e incondicional, e investiguen y procesen de forma exhaustiva e imparcial las violaciones del derecho internacional, incluidos los ataques contra instalaciones médicas en Israel.
Abordando las causas profundas del conflicto, la Comisión insta al Gobierno de Israel a cumplir las directrices de la Opinión Consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia para poner fin a la ocupación ilegal de territorio palestino, cesar los nuevos planes y actividades de asentamiento, evacuar a todos los colonos y reparar a las víctimas.
También pide a Israel que cumpla las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia para impedir la comisión de todos los actos incluidos en el ámbito del artículo II (a)-(d) de la Convención sobre el Genocidio.