Ante la magnitud de los crímenes que está cometiendo Israel en Palestina y su violación sistemática de la legalidad internacional, Ecologistas en Acción se dirigió en junio de 2024 a los diez principales bancos del Estado español para solicitar información sobre sus relaciones con entidades bancarias isralíes y para recordarles las obligaciones derivadas de las resoluciones de la ONU. En concreto una: la obligación de no colaborar con las empresas involucradas en el mantenimiento y expansión de los asentamientos israelíes ilegales en territorios palestinos ocupados.
Las entidades bancarias a las que la organización ecologista se dirigió fueron: Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter, Kutxabank, Abanca, Unicaja, Banca March y Banco Cooperativo.
Posteriormente, en el mes julio, la Corte Internacional de Justicia reafirmó que las políticas y prácticas de Israel sobre la población palestina constituyen una violación de diversos convenios internacionales, entre ellos la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (en una de sus formas de discriminación más graves que es el apartheid), y la Cuarta Convención de Ginebra.
El tribunal reafirmó que los asentamientos israelíes y sus prácticas asociadas de confiscación de tierras, expolio de los recursos naturales, demoliciones masivas de viviendas, desplazamiento forzoso de la población palestina y violencia de los colonos y las fuerzas de ocupación, se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional. Además, subrayó la obligación de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados.
Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, se creó la base de datos de la ONU de empresas que participan en actividades relacionadas con los asentamientos ilegales colaborando en su mantenimiento y expansión, y que incluye a los siguientes siete bancos israelíes:
Adicionalmente, en base a las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado 18 de septiembre la Resolución ES-10/24, estableciendo nuevas responsabilidades y obligaciones.
Por otra parte, Ecologistas en Acción ha analizado las políticas de sostenibilidad de los cinco principales bancos del Estado español, que incluyen las políticas sobre derechos humanos, aprobadas por sus consejos de administración conforme obliga la Ley de Sociedades de Capital.
En general, todas ellas se comprometen a aplicar principios y convenios internacionales como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales o los principios Rectores de Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Sin embargo, se trata de tratados donde la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que Israel viola de forma sistemática y que incluyen indicaciones claras de no mantener relaciones comerciales con empresas que colaboren en esas violaciones, como son en este caso los bancos israelíes señalados en la lista de la ONU (más detalle en anexo 2).
Por todo ello, y ante las sospechas de que las entidades españolas puedan colaborar con los bancos israelíes señalados, Ecologistas en Acción reitera su petición de información y demanda que se interrumpa cualquier actividad con dichos bancos, en concreto:
Además, a las tres primeras entidades (Banco Santander, BBVA y Caixabank) se les ha enviado una segunda comunicación exponiendo las obligaciones a las que se encuentran sujetas en base a sus propias políticas, así como los incumplimientos en que incurren en caso de estar operando con esas entidades.
De las principales entidades contactadas, Ecologistas en Acción señala que Bankinter ha sido la que ha respondido con mayor concreción y transparencia; Banco Santander y Sabadell se han limitado a indicar que cumplen la normativa internacional de sanciones (algo que para la organización ecologista resulta insuficiente porque aún no existe oficialmente un programa de sanciones a Israel) y que cuentan con políticas internas sobre derechos humanos; y BBVA y Caixabank no han respondido. Por su parte, Kutxabank, Abanca, Unicaja, Banca March y Banco Cooperativo han ignorado por el momento la comunicación realizada.