El Tribunal Supremo, a través del magistrado Leopoldo Puente, ha decidido solicitar al Congreso el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos en relación con una investigación sobre posibles irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Se han encontrado indicios de su posible implicación en delitos como integración en organización criminal y cohecho. La decisión se basa en declaraciones y documentos que sugieren que Ábalos pudo haber influido en la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos. La resolución será remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para su tramitación ante el Congreso.
En un desarrollo significativo en la causa abierta por presuntas irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19, el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ha decidido elevar un suplicatorio al Congreso de los Diputados. Esta solicitud busca suspender la inmunidad del exministro y actual diputado José Luis Ábalos, tras encontrar “indicios bastantes” que apuntan a la posible comisión de varios delitos, entre ellos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El instructor argumenta que “ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados” justifica la necesidad de obtener la autorización del Congreso para avanzar en el proceso judicial. Este trámite se realizará mediante una exposición razonada que será enviada al Presidente de la Sala Penal del Supremo.
Puente detalla que las declaraciones realizadas por Ábalos y otros dos investigados, junto con documentos y resultados de intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, han proporcionado suficientes elementos para considerar que el exministro pudo haber influido en la adjudicación de contratos públicos durante la crisis sanitaria. Estos contratos estaban relacionados con la adquisición urgente de material sanitario, como mascarillas y trajes especiales.
La investigación también sugiere que Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, otro investigado, aprovechó su relación personal con Ábalos para obtener información privilegiada sobre las necesidades urgentes relacionadas con la pandemia. Esto le permitió presentar ofertas para asegurar contratos en favor de empresas específicas.
La resolución señala que Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos, jugó un papel activo en la gestión de estos contratos y en ocultar los pagos recibidos. A pesar de estas acusaciones, Ábalos ha negado cualquier percepción económica derivada de los contratos mencionados. Sin embargo, los indicios recopilados hasta ahora contradicen sus declaraciones.
Además, se ha indicado que Ábalos podría haber recibido beneficios económicos indirectos a través del pago de alquileres por parte de Aldama o personas vinculadas a él. Estos pagos incluyen alquileres para propiedades donde residía su pareja sentimental y otros acuerdos inmobiliarios aparentemente ventajosos.
Con esta nueva etapa procesal abierta, el instructor ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal para que se curse oficialmente el suplicatorio al Congreso a través del presidente del Tribunal Supremo. La decisión del Congreso será crucial para determinar si se levanta o no la inmunidad parlamentaria del exministro.
El exministro mencionado es José Luis Ábalos, quien fue Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante el gobierno español.
Se investigan posibles irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la pandemia del COVID-19, incluyendo delitos como integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El magistrado ha acordado elevar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro José Luis Ábalos debido a indicios cualificados de su posible participación en delitos.
Los indicios incluyen la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos y la gestión activa por parte de su asesor en estos contratos, así como posibles beneficios económicos derivados del alquiler de propiedades.
José Luis Ábalos ha negado haber recibido cantidades económicas relacionadas con los contratos en cuestión y ha defendido su inocencia ante el instructor.