El Gobierno de España ha aprobado una reforma histórica que amplía y fortalece las Carreras Judicial y Fiscal mediante un Anteproyecto de Ley Orgánica. Esta iniciativa busca modernizar la Administración de Justicia, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a estas profesiones y mejorando la carrera profesional de los jueces y fiscales. Entre las medidas destacadas se encuentran la consolidación de becas para opositores, el establecimiento de un sistema de selección más justo y la mejora en la dotación de recursos humanos. Además, se fomenta la pluralidad y transparencia en el Poder Judicial, con cambios en la composición del Consejo General del Poder Judicial. Esta reforma representa un paso significativo hacia una justicia más eficiente y accesible.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, una iniciativa que busca adaptar la Administración de Justicia a las nuevas realidades sociales y a las demandas emergentes. Esta reforma, presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se enmarca como un esfuerzo por modernizar un sistema que no ha sido actualizado desde hace 40 años.
Entre los principales objetivos de esta ley se encuentran promover la igualdad de oportunidades para los profesionales del ámbito judicial, fomentar la excelencia y diversidad dentro del sistema, mejorar las trayectorias profesionales y asegurar la pluralidad y transparencia en sus estructuras.
Esta reforma representa un hito importante en la evolución de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. El Gobierno está comprometido con una profunda transformación del sistema judicial basada en principios como la digitalización, modernización y vocación social.
Una de las medidas destacadas incluye la consolidación legal de las Becas SERÉ, destinadas a opositores de los cuerpos principales de la Administración de Justicia. Estas becas ofrecerán ayudas equivalentes al menos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante un periodo máximo de cuatro años.
Además, el Centro de Estudios Jurídicos se transformará en un centro público dedicado a preparar opositores, estableciendo delegaciones para reducir desigualdades según el lugar de residencia. Los jueces y magistrados activos deberán obtener reconocimiento del CGPJ para poder prepararse para oposiciones, mientras que se implementará un registro público para los preparadores.
La reforma también modifica el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, adaptando los métodos de selección a las realidades actuales del desempeño judicial. Se introducen novedades como el anonimato en la corrección de exámenes escritos y el reemplazo de ejercicios memorísticos por casos prácticos que evalúen habilidades razonativas.
La nueva normativa establece mecanismos para dotar a la Administración de Justicia con recursos humanos adecuados, ajustados a la carga laboral existente en los tribunales. Se fomentará la promoción mediante ascensos por antigüedad y se avanzará en especializaciones específicas, como aquellas relacionadas con el ámbito mercantil o casos de violencia contra la mujer.
Asimismo, se reforzará el acceso a estas carreras para juristas con más de diez años de experiencia mediante un nuevo sistema conocido como "cuarto turno". Esta convocatoria será simultánea al acceso por turno libre, cumpliendo así con lo estipulado legalmente sobre cobertura proporcional en plazas.
La reforma también aboga por mejorar la pluralidad e integridad del Poder Judicial. Se regulará cómo se compone y elige a los miembros de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, asegurando una diversidad adecuada entre sus integrantes. De este modo, cinco miembros serán jueces o magistrados elegidos por sus pares, mientras que otros cuatro serán seleccionados por las Cortes Generales entre expertos académicos en ética.
Finalmente, se modernizarán los procesos electorales dentro del Poder Judicial. Las Salas de Gobierno verán cambios significativos: se permitirán candidaturas individuales y solo un voto por elector; además, se prohibirá el voto delegado e incluirá opciones telemáticas. Por si fuera poco, el mandato se reducirá a tres años en lugar de cinco.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 4 años | Duración máxima de las Becas SERÉ |
| SMI | Cuantía mínima de las Becas SERÉ en cómputo anual |
| 1 de cada 4 | Proporción de plazas a cubrir por el sistema "cuarto turno" |
El objetivo de la reforma es adecuar la Administración de Justicia y la labor de sus profesionales a la nueva realidad del servicio público y a las demandas sociales emergentes.
La reforma consolida y protege las Becas SERÉ, convierte el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones, y establece requisitos para los jueces en activo que deseen preparar oposiciones.
Se reformará el sistema de acceso adaptando los mecanismos de selección, incluyendo el anonimato en la corrección de pruebas escritas y sustituyendo ejercicios memorísticos por casos prácticos.
La norma establece fórmulas para dotar recursos humanos suficientes, favorece ascensos por antigüedad, y refuerza el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal para juristas con más de diez años de ejercicio.
Se regulará la composición y elección de los miembros de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, asegurando diversidad. También se modernizarán los procesos electorales dentro del sistema judicial.