El 23 de enero de 2025, el Fiscal Jefe Europeo envió una carta a la Comisión Europea sobre las enmiendas a la ley austriaca de procedimiento penal, que entraron en vigor el 1 de enero. El análisis revela que estas modificaciones dificultan la recopilación y confiscación de pruebas digitales, comprometiendo principios del Estado de Derecho. Además, un nuevo proyecto de ley del Ministerio Federal de Justicia no aborda deficiencias clave y plantea preocupaciones sobre la supervisión no judicial, amenazando la independencia del EPPO. Estas reformas podrían obstaculizar las investigaciones penales y la eficacia del EPPO en Austria y otros Estados miembros.
En un comunicado reciente, el Fiscal Jefe Europeo ha dirigido una carta a la Comisión Europea, en cumplimiento del Recital 16 del Reglamento (UE) 2020/2092, que establece un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión Europea. Este mensaje se centra en las modificaciones a la legislación austriaca sobre procedimientos penales, las cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2025.
Tras un análisis exhaustivo de la nueva normativa, el Fiscal Jefe Europeo ha llegado a la conclusión de que contiene elementos que son incompatibles con los principios del Estado de Derecho, tal como se estipula en el Reglamento de Condicionalidad. La nueva ley dificulta enormemente, si no imposibilita por completo, que los servicios de fiscalía, incluyendo a la EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo), puedan reunir y asegurar evidencia digital de manera efectiva.
Además, el Ministerio Federal de Justicia de Austria ha presentado un borrador para una Ley que implemente actos de justicia penal de la UE. Sin embargo, el Fiscal Jefe Europeo considera que este proyecto no corrige algunos de los defectos más evidentes en las adaptaciones del sistema legal austriaco al Reglamento de la EPPO. A su vez, incluye disposiciones adicionales que generan serias preocupaciones, especialmente en lo que respecta a los poderes de supervisión intrusivos de una autoridad no judicial, lo cual podría comprometer la independencia de la EPPO.
Por lo tanto, el Fiscal Jefe ha informado a la Comisión Europea que tanto las nuevas leyes ya vigentes como las disposiciones propuestas representan una amenaza para la eficacia de las investigaciones penales sobre violaciones legales en general. Esto afecta directamente la efectividad y eficiencia de las investigaciones llevadas a cabo por la EPPO bajo la legislación austriaca.
Se plantea así una situación donde una autoridad nacional no judicial podría interferir en las investigaciones de la EPPO dentro y fuera de Austria, afectando también aquellas iniciadas en otros Estados miembros relacionados con Austria.
Es importante recordar que la EPPO es la oficina pública independiente encargada de investigar y juzgar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La declaración se centra en las enmiendas a la ley austriaca de procedimiento penal y su incompatibilidad con los principios del Estado de Derecho establecidos en el Reglamento de Condicionalidad de la UE.
La nueva legislación dificulta significativamente la capacidad de los servicios de fiscalía, incluyendo la EPPO, para recopilar y asegurar evidencia digital, lo que afecta la eficiencia de las investigaciones penales.
El proyecto no soluciona defectos evidentes en la adaptación del sistema legal austriaco al Reglamento EPPO y plantea preocupaciones sobre los poderes de supervisión intrusivos de una autoridad no judicial, amenazando así la independencia de la EPPO.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.