El magistrado Ángel Luis Hurtado del Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en un caso abierto en su contra. La declaración está programada para este miércoles a las 10 horas. Hurtado también desestimó otras diligencias solicitadas por la defensa, como la citación de testigos y la intervención de un alto funcionario de la Comunidad de Madrid. El juez argumentó que las diligencias no eran necesarias y que el testimonio del querellante podría ser perjudicial para el acusado. La decisión mantiene el proceso judicial en marcha sin demoras adicionales.
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha desestimado la solicitud presentada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado. La comparecencia se mantiene programada para este miércoles a las 10 horas. En su auto, el juez instructor también ha rechazado las diligencias que el investigado había propuesto realizar antes de su declaración.
Entre las solicitudes denegadas se encuentran la citación a declarar del querellante en la causa, Alberto G.A., así como de varios periodistas y la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el instructor ha aceptado la incorporación a la causa de ciertos documentos solicitados por las defensas, que incluyen instrucciones y guías del Ministerio Fiscal, además de dos artículos publicados recientemente en el diario El País.
Respecto a la toma de declaración de Alberto G.A., el juez ha expresado su sorpresa ante el interés mostrado por la defensa, señalando que “lo habitual es que el testimonio de quien comparece como acusación resulte más perjudicial que beneficioso para el acusado”. A su juicio, la información necesaria sobre la posición del querellante ya está contenida en su propia querella y en las acciones realizadas por su representación legal.
En cuanto a la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, el auto indica que esta petición se fundamentaba en “las múltiples evidencias testificales” que contradicen las afirmaciones del mencionado Rodríguez sobre los tiempos en los que facilitó información a los medios. El juez aclara que no considera necesarias estas diligencias, argumentando que no se entiende cómo podrían influir en el caso.
El auto también menciona un correo litigioso enviado por el abogado de Alberto G.A. al fiscal Julián Salto, donde se comunica una intención firme de alcanzar un acuerdo penal. Este correo fue conocido públicamente tras ser difundido por un medio. La controversia radica en si otros correos enviados posteriormente pudieron haber sido utilizados indebidamente por los medios antes de su publicación oficial.
A pesar de las discrepancias en los testimonios sobre cuándo se tuvo conocimiento del contenido relevante, el juez concluye que las diligencias solicitadas no aportan valor al proceso. Resalta que lo esencial es entender cómo se produjo la filtración y qué implicaciones tiene respecto a los delitos contra la Hacienda Pública mencionados en los correos.
El magistrado del Tribunal Supremo que ha desestimado la petición es Ángel Luis Hurtado.
La petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era posponer su declaración como investigado en la causa abierta en su contra.
La declaración está programada para este miércoles a las 10 horas.
El juez instructor rechazó citar a declarar al querellante Alberto G.A., a varios periodistas y la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se aceptó la incorporación a la causa de varios documentos solicitados por las defensas, que consisten en instrucciones y guías de actuaciones del Ministerio Fiscal, así como dos noticias publicadas en el diario “El País”.
El juez consideró que el testimonio del querellante podría ser más perjudicial que beneficioso para el acusado y que ya se contaba con suficiente información a través de la querella presentada.
Hay controversia sobre si un correo enviado el 12 de marzo fue conocido por algunos periodistas antes de su publicación, lo cual podría afectar la interpretación de los hechos relacionados con la filtración y su relevancia legal.