La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado al presunto líder de una organización criminal involucrada en un fraude de subsidios de 100 millones de euros en Rumanía. El detenido, un ciudadano italiano, fue capturado en el aeropuerto internacional Henri Coanda mientras intentaba huir del país. La investigación reveló que el grupo utilizó empresas italianas para obtener fondos de la UE mediante fraudes en licitaciones relacionadas con la construcción y rehabilitación de infraestructuras hídricas. Se sospecha que presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y no realizaron ninguna obra, dejando la ejecución a empresas rumanas asociadas. Este caso destaca los esfuerzos del EPPO por combatir delitos contra los intereses financieros de la UE.
El pasado 4 de febrero de 2025, un ciudadano italiano, presunto líder de una red criminal dedicada a un fraude de subsidios que asciende a 100 millones de euros, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional «Henri Coanda» de Bucarest. La detención se produjo tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), que indaga sobre las conexiones de esta organización con la mafia.
La investigación reveló que este grupo delictivo operaba mediante dos empresas italianas, participando en licitaciones para obtener financiación de la Unión Europea, específicamente en proyectos relacionados con la construcción y rehabilitación de sistemas de distribución de agua potable y saneamiento en Rumanía. Los miembros del grupo actuaban como socios o apoyos de empresas rumanas.
Una de las empresas involucradas ya había recibido una prohibición anti-mafiosa por parte de las autoridades italianas, lo que le impedía acceder a contribuciones públicas conforme al Código Antimafia Italiano. A través de estas compañías, los sospechosos participaron en 18 licitaciones que sumaban un total de 240 millones de euros en financiación europea, logrando adjudicarse ocho contratos por más de 100 millones de euros.
Para demostrar su capacidad financiera y experiencia en proyectos similares, los implicados supuestamente presentaron documentos falsificados, incluyendo balances que afirmaban un volumen anual superior a 50 millones de euros. Sin embargo, se descubrió que su facturación real era treinta veces menor. También se presentaron contratos para obras en Irak que no eran verídicos.
Además, la investigación determinó que las dos empresas italianas no realizaron ninguna obra o servicio; los contratos fueron ejecutados exclusivamente por las empresas rumanas asociadas. El caso fue denunciado ante la EPPO por autoridades nacionales tras detectar posibles irregularidades graves y fraudes.
Dicha investigación contó con el apoyo del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Rumana y la Estructura de Apoyo del EPPO en Rumanía. Asimismo, la Oficina Europea Antifraude (OLAF) llevó a cabo una investigación complementaria en colaboración con la EPPO.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos. La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
Cifra | Descripción |
---|---|
€100 millones | Monto del fraude por subsidios |
€240 millones | Valor total de las 18 llamadas a licitación para financiación de la UE |
8 | Número de licitaciones ganadas por los sospechosos |
30 veces menor | Diferencia entre el volumen de negocio declarado y el real de las empresas italianas involucradas |
2014-2020 | Año del programa operativo de infraestructura grande (LIOP) |
Un ciudadano italiano, sospechoso de ser el líder de un grupo criminal dedicado al fraude de subsidios, fue arrestado en Bucarest.
El fraude involucraba la obtención de financiación de la UE a través de dos empresas italianas que participaron en licitaciones para proyectos relacionados con la construcción y rehabilitación de sistemas de distribución de agua potable y saneamiento en Rumanía.
Los sospechosos presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y experiencia, incluyendo balances que afirmaban un volumen de negocios mucho mayor al real. Además, no entregaron obras o servicios, dejando que las empresas rumanas asociadas ejecutaran los contratos.
Dos otros miembros del grupo fueron colocados bajo control judicial tras la investigación.
El caso fue reportado a la EPPO por las autoridades nacionales después de sospechas de irregularidades y fraude graves.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.