La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos para la municipalidad de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo de Cohesión Europeo, tenía como objetivo mejorar el transporte público y reducir la contaminación del aire. Se sospecha que el acusado declaró falsamente que los autobuses provenían de una empresa polaca, cuando en realidad fueron comprados a una compañía estatal bielorrusa sujeta a sanciones de la UE. Si es declarado culpable, enfrenta penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras una alerta privada, evidenciando deficiencias en la detección por parte de las autoridades nacionales.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación formal ante el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, quien está siendo investigado por un presunto fraude en un procedimiento de contratación pública. Este caso involucra la compra de trolebuses para la municipalidad de Vratsa, un proyecto valorado en 4,5 millones de euros (8.838.308 BGN).
El procedimiento de contratación pública se inició con el objetivo de adquirir nueve trolebuses eléctricos destinados al transporte público en Vratsa. Este proyecto fue financiado por el Fondo Europeo de Cohesión, parte de las medidas implementadas para reducir la contaminación del aire. La municipalidad de Vratsa y la empresa municipal encargada del transporte público eran los beneficiarios del proyecto.
Durante el proceso de licitación, se alega que el acusado declaró falsamente que los trolebuses provenían de una empresa polaca, con el fin de asegurar el contrato. Sin embargo, según las pruebas recopiladas, los vehículos fueron adquiridos a una empresa estatal bielorrusa. Esta compañía fue posteriormente objeto de medidas restrictivas impuestas por la UE debido a su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania, aunque la compra ya se había realizado antes de estas sanciones. Además, poco después del cierre del procedimiento de contratación pública, la empresa polaca entró en liquidación.
Las investigaciones revelaron que los trolebuses fueron vendidos casi al doble del precio inicial pagado por el contratista, lo que representa un claro caso de inflación en los precios.
Si se demuestra su culpabilidad, los implicados podrían enfrentar penas que oscilan entre dos y ocho años de prisión, conforme a la legislación búlgara. Cabe destacar que esta investigación fue iniciada tras una alerta presentada por un particular al EPPO, ya que ninguna autoridad nacional responsable había detectado ni informado sobre este caso.
A lo largo del proceso investigativo, el Fiscal Delegado Europeo se encontró con una situación sin precedentes: las medidas solicitadas y autorizadas por el tribunal búlgaro fueron ejecutadas solo parcialmente por la autoridad policial competente. Esta falta de cooperación subraya la importancia y necesidad de investigadores especializados dedicados a respaldar los casos del EPPO.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes búlgaros.
La EPPO es la oficina pública independiente del Unión Europea, encargada de investigar, procesar y llevar a juicio delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Valor del proyecto | €4.5 millones (BGN 8.838.308) |
| Número de trolleybuses adquiridos | 9 |
| Años de prisión posibles si son hallados culpables (mínimo) | 2 años |
| Años de prisión posibles si son hallados culpables (máximo) | 8 años |
El gerente y propietario de una empresa ha sido acusado por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Sofía, Bulgaria, de fraude en un procedimiento de contratación pública para adquirir trolleybuses para el municipio de Vratsa.
El fraude involucra un proyecto valorado en €4.5 millones (BGN 8.838.308).
Se trataba de la compra de nueve trolleybuses eléctricos para ser utilizados en el transporte público del municipio de Vratsa.
Durante la licitación pública, el acusado declaró que los trolleybuses provenían de una empresa polaca, pero en realidad fueron comprados a una empresa estatal bielorrusa.
Si se le encuentra culpable, los sospechosos enfrentan penas de prisión de dos a ocho años según la ley búlgara.
La investigación fue iniciada tras una alerta de un particular al EPPO, ya que ninguna de las autoridades nacionales responsables había detectado y reportado el caso.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.