La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por un fraude agravado de subsidios que asciende a 1.73 millones de euros relacionados con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulaciones en el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de la cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas por estos delitos pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión y multas significativas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra cuatro individuos y dos empresas por fraude agravado de subvenciones y falsificación de documentos privados. Esta acción se enmarca en una investigación relacionada con un fraude que asciende a 1.73 millones de euros, correspondiente a proyectos de sistemas de riego financiados completamente por la Unión Europea.
Según informes previos, la investigación se centra en una cooperativa agrícola que recibió fondos para modernizar sus sistemas de riego. Sin embargo, las indagaciones revelaron que el procedimiento de contratación pública fue manipulado para favorecer a una empresa seleccionada previamente, la cual es propiedad de la esposa del gerente de facto de la cooperativa.
El análisis detallado del caso evidenció un claro conflicto de intereses. El gerente real de la cooperativa estaba casado con la representante de la empresa adjudicataria, mientras que un miembro del comité evaluador también trabajaba como contador para dicha compañía. En un intento por engañar a la Agencia para el Financiamiento de Inversiones Rurales (AFIR), los representantes legales tanto de la cooperativa como de la empresa ganadora presentaron documentos falsos que negaban cualquier conflicto.
A pesar de ello, lograron obtener reembolsos por gastos contratados mediante órdenes de pago fraudulentas, alegando haber realizado pagos a los contratistas. Este esquema no solo pone en tela de juicio la transparencia del proceso, sino que también resalta serias irregularidades en el manejo de los fondos europeos.
Para recuperar el daño causado al presupuesto comunitario y cubrir los gastos judiciales, la EPPO ha incautado seis terrenos valorados en aproximadamente 500,000 euros y ha congelado cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos. De acuerdo con el Código Penal rumano, el fraude agravado puede acarrear penas de hasta 10.5 años de prisión, mientras que la falsificación podría resultar en condenas de hasta tres años.
Las empresas implicadas podrían enfrentar multas cercanas a 420,000 euros, además de otras sanciones complementarias si son halladas culpables. La EPPO actúa como organismo independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto total del fraude | €1.73 millones |
| Valor de los terrenos incautados | €500,000 |
| Posible multa para las empresas condenadas | €420,000 |
| Tiempo máximo de prisión por fraude agravado | 10.5 años |
Se han presentado cargos de fraude agravado por subsidios y falsificación de documentos privados contra cuatro individuos y dos empresas.
El fraude involucra un total de €1.73 millones, que fueron destinados a proyectos de modernización de sistemas de riego financiados completamente por la UE.
La investigación reveló que el procedimiento de contratación pública fue manipulado para beneficiar a una empresa predeterminada, que era propiedad de la esposa del gerente de facto de la cooperativa agrícola que recibió los fondos.
La EPPO ha embargado seis parcelas de tierra valoradas en aproximadamente €500,000 y ha congelado cuentas bancarias mantenidas por los sospechosos.
Bajo el Código Penal de Rumanía, el fraude agravado por subsidios puede ser castigado con hasta 10.5 años de prisión, mientras que la falsificación de documentos privados puede acarrear hasta tres años. Las empresas condenadas podrían enfrentar multas de hasta aproximadamente €420,000.