Dos personas fueron arrestadas en Italia por su presunta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Fiscalía Pública Europea (EPPO), reveló un esquema de carrousel de IVA donde las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir impuestos. Las autoridades congelaron activos por el monto mencionado y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. Este caso destaca la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
Dos individuos fueron arrestados en Turín a raíz de una solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) por su presunta participación en un esquema de fraude fiscal conocido como "carrousel de IVA", relacionado con la venta de servicios de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP). Esta operación ha llevado a la ejecución de una orden para congelar activos por un total de 64,04 millones de euros.
La Guardia di Finanza de Imperia llevó a cabo un análisis exhaustivo de las facturas emitidas por ocho empresas italianas dedicadas al comercio de servicios VoIP, tecnología que permite realizar llamadas a través de internet. Las investigaciones revelaron que estas empresas supuestamente adquirieron créditos VoIP de proveedores en varios países de la UE, como Francia, Letonia y Polonia, así como en naciones fuera del bloque europeo, incluyendo Albania, Chile y el Reino Unido. Posteriormente, vendieron esos mismos créditos a otras compañías italianas.
No obstante, se ha encontrado evidencia suficiente para considerar que estas empresas operaban como "comerciantes desaparecidos" o sociedades ficticias creadas exclusivamente para evadir el pago del IVA. Los representantes legales de todas las firmas eran, en realidad, testaferros que actuaban en nombre de los dos sospechosos principales. Estas entidades carecían de actividad económica genuina y no mantenían documentos contables ni estructuras operativas adecuadas. Emitieron facturas por transacciones inexistentes para justificar transferencias ficticias, lo que permitió a negocios legítimos reducir artificialmente su carga tributaria y evadir impuestos.
Además, estas empresas nunca presentaron declaraciones fiscales del IVA a pesar de haber declarado transacciones por varios millones de euros. Este sistema les permitió comercializar los servicios adquiridos a precios competitivos frente a sus rivales, perjudicando así la economía legal y alterando el correcto funcionamiento del mercado.
Ayer se llevaron a cabo los arrestos por parte de la Guardia di Finanza en Imperia, Nápoles, Bolonia y Ferrara. Los dos individuos detenidos han sido colocados bajo arresto domiciliario, mientras que otros tres han recibido una prohibición para ejercer actividades profesionales durante un año.
Hasta el momento, el daño estimado asciende a 64,04 millones de euros, cifra por la cual se emitió una orden de congelación por parte del juez investigador en Bolonia. También se han confiscado tres propiedades inmobiliarias valoradas en casi 900.000 euros.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo y es responsable de investigar y perseguir delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto total del fraude (en euros) | €64.04 millones |
| Valor de propiedades inmobiliarias incautadas (en euros) | €900,000 |
| Años de actividad fraudulenta | 2017 - 2021 |
| Número de sospechosos arrestados | 2 |
Dos sospechosos fueron arrestados en Turín por su supuesta participación en un esquema de fraude fiscal conocido como "carrousel de IVA" que involucraba la venta de servicios de VoIP.
El daño estimado hasta este momento en la investigación es de €64.04 millones, y se emitió una orden de congelación por esta cantidad.
Ocho empresas italianas que operaban en el campo de los servicios de VoIP estaban implicadas, las cuales actuaron como "comerciantes desaparecidos" o empresas ficticias creadas para evadir el pago del IVA.
Los dos individuos arrestados han sido colocados bajo arresto domiciliario, mientras que tres otros han sido prohibidos de ejercer sus actividades profesionales durante un año.
Las empresas no mantenían documentos contables ni tenían una estructura operativa real, emitiendo facturas por transacciones inexistentes para justificar transferencias ficticias y evadir impuestos.
La investigación está siendo realizada por la Guardia di Finanza (Policía Financiera) italiana y supervisada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), que se encarga de investigar delitos contra los intereses financieros de la UE.