La Audiencia de Cáceres ha inhabilitado al alcalde de Villanueva de la Sierra por trece años debido a un delito de prevaricación. Aunque fue absuelto de malversación, falsedad documental y estafa procesal, la condena implica la pérdida definitiva de su cargo. La sentencia se basa en que el alcalde, en funciones desde 2015, autorizó pagos a proveedores a pesar de los reparos de la secretaria interventora sobre la legalidad de estos contratos.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado una sentencia que inhabilita al alcalde de Villanueva de la Sierra por un periodo de trece años debido a un delito de prevaricación. A pesar de las acusaciones adicionales de malversación, falsedad documental y estafa procesal, el tribunal ha decidido absolverlo de estos cargos.
Esta inhabilitación implica la pérdida definitiva del cargo, lo que significa que el alcalde no podrá ejercer como concejal o alcalde en el futuro. La Sala ha determinado que el alcalde, quien ocupa su puesto desde 2015, autorizó pagos a proveedores a pesar de los reparos planteados por la secretaria interventora, quien advirtió que dichos pagos no correspondían a contratos menores.
A lo largo del juicio, se presentó evidencia que confirmaba las irregularidades en la gestión del alcalde. Sin embargo, no se logró demostrar que las contrataciones realizadas para la residencia de mayores local no hubiesen sido publicitadas adecuadamente mediante bandos municipales.
La decisión del tribunal subraya la importancia del cumplimiento normativo en la administración pública y marca un precedente en la lucha contra la corrupción en las instituciones locales.
La Audiencia de Cáceres inhabilitó al alcalde durante trece años por prevaricación, aunque lo absolvió de otros delitos como malversación, falsedad documental y estafa procesal.
La inhabilitación conlleva la pérdida definitiva del empleo o cargo de concejal o alcalde.
El alcalde ha ostentado el cargo desde 2015 hasta la actualidad.
Se le acusó porque autorizó pagos a proveedores que habían sido cuestionados por la secretaria interventora por no ser contratos menores.
Se le imputaban los delitos de malversación, falsedad documental y estafa procesal, pero fue absuelto de estos cargos.