El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parcialmente un decreto de la Xunta que regulaba las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), argumentando que esto implicaba una privatización de los procedimientos de evaluación ambiental. La decisión se basa en un recurso presentado por la Confederación Intersindical Galega, que considera que ciertos artículos del decreto son contrarios a derecho. Esta resolución destaca la preocupación por la externalización de la tramitación ambiental y su impacto en la gestión pública.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha tomado una decisión significativa al anular parcialmente un decreto emitido por la Xunta. Esta medida se basa en la consideración de que el decreto, que regula las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), implica una privatización parcial de los procedimientos de evaluación ambiental.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha acogido el recurso presentado por la Confederación Intersindical Galega. En su fallo, el tribunal ha declarado que son disconformes a Derecho varios artículos del mencionado decreto, específicamente los artículos 27 y 28.1 en su inciso final, así como el artículo 29.5.
La Sala argumenta que el carácter privado de las ECA y la completa externalización de toda la tramitación relacionada con la evaluación ambiental son factores determinantes en su decisión. Este pronunciamiento judicial pone en tela de juicio la forma en que se gestionan estos procedimientos, resaltando preocupaciones sobre la transparencia y el control público en cuestiones ambientales.
El decreto en cuestión también establece un registro de Entidades de Colaboración Ambiental en Galicia y un banco de personas expertas en evaluación ambiental, lo que añade otra capa a esta controversia legal. La anulación parcial del decreto podría tener repercusiones significativas para futuras regulaciones y prácticas administrativas en materia ambiental dentro de la comunidad autónoma.