El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de once años y un día de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su pareja en Huelva, tras amenazarla con difundir un vídeo íntimo. La sentencia incluye una indemnización de 30.000 euros por daño moral y prohíbe al condenado acercarse a la víctima durante 12 años. La defensa del acusado intentó apelar, alegando vulneraciones de derechos y errores en la valoración de pruebas, pero el TSJA desestimó sus argumentos, destacando la credibilidad del testimonio de la víctima y la validez de las pruebas presentadas.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Huelva, que condena a un hombre a once años y un día de prisión por agredir sexualmente a su pareja en una localidad onubense. El acusado amenazó a la víctima con difundir un vídeo íntimo si no accedía a mantener relaciones sexuales.
En su resolución, fechada el 12 de marzo, el TSJA desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado. Además de la pena privativa de libertad, se le impuso una indemnización de 30.000 euros por daño moral y una prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante doce años y un día. Por otro lado, fue absuelto de un delito de maltrato habitual.
La relación entre el encausado y la víctima comenzó en agosto de 2021, y ambos iniciaron su convivencia en diciembre del mismo año. A partir de febrero de 2022, el comportamiento del acusado cambió drásticamente. Comenzó a intimidar a su pareja al afirmar que poseía un vídeo grabado durante relaciones sexuales consentidas que divulgaría en redes sociales si ella no cumplía con sus exigencias.
Las agresiones sexuales se prolongaron hasta la mañana del 25 de abril de 2022, cuando el acusado se quedó dormido, lo que permitió a la víctima escapar hacia un centro de salud.
El condenado solicitó la revocación de la sentencia alegando nulidades en las actuaciones desde el inicio del proceso, así como violaciones a su derecho a la intimidad y presunción de inocencia. Argumentó también que las pruebas presentadas en su contra eran insuficientes para justificar su condena.
Sin embargo, el TSJA rechazó estas alegaciones, afirmando que los vídeos y conversaciones aportados por la víctima no fueron determinantes para la condena. Según el tribunal, estos elementos sirvieron únicamente como corroboración del testimonio principal.
El TSJA destacó que no hubo violación del derecho a la intimidad ya que el acceso a los contenidos grabados fue facilitado por el propio acusado. En cuanto a las alegaciones sobre la valoración probatoria, el tribunal consideró que no existió error sustancial en cómo se evaluaron las pruebas presentadas durante el juicio oral.
El análisis realizado por la Audiencia fue calificado como exhaustivo y razonado, confirmando así la credibilidad del testimonio de la víctima. La sentencia concluye que las pruebas eran válidas y obtenidas legalmente, cumpliendo con las garantías constitucionales necesarias para proteger el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
A pesar de las solicitudes del acusado para considerar atenuantes relacionadas con dilaciones indebidas o drogadicción, el TSJA desestimó estas peticiones. La sentencia es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Años de cárcel | 11 años y 1 día |
| Indemnización a la víctima | 30,000 euros |
| Prohibición de acercamiento (años) | 12 años y 1 día |
| Duración de la relación antes de la agresión (meses) | 9 meses |
El TSJ de Andalucía ha ratificado una condena de once años y un día de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su pareja, además de obligarlo a indemnizarla con 30.000 euros por daño moral.
El acusado amenazó a su pareja con difundir un vídeo íntimo si no accedía a mantener relaciones sexuales, lo que llevó a la víctima a ceder ante el temor de que se hiciera pública la grabación.
El acusado alegó nulidad de las actuaciones, vulneración del derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones, así como error en la valoración de la prueba y pidió que se consideraran atenuantes relacionadas con dilaciones indebidas y drogadicción.
El TSJA desestimó todas las alegaciones, afirmando que no hubo violación del derecho a la intimidad, que la prueba era válida y que no había errores sustanciales en la valoración realizada por la Audiencia.
Además de la pena de prisión, se le prohibió comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante doce años y un día.