La Central Criminal Court de España ha condenado al administrador de una empresa por fraude al obtener subsidios de la UE destinados a la promoción del vino español en mercados externos. La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), revela que entre 2019 y 2022 se presentaron facturas falsas por actividades no realizadas, lo que resultó en reclamaciones fraudulentas superiores a 55,000 euros. El condenado deberá pagar una multa y ha reembolsado el total obtenido indebidamente. Esta sentencia destaca el compromiso de la EPPO en proteger los intereses financieros de la UE.
El Tribunal Central Criminal de España ha dictado una sentencia contra el administrador único de una empresa, quien fue hallado culpable de obtener fraudulentamente subvenciones de la Unión Europea destinadas a la promoción del vino español en mercados de terceros países. Este caso fue llevado ante la justicia por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Madrid.
Según el acta de acusación, entre 2019 y 2022, el condenado presentó facturas falsas por ferias comerciales, viajes y actividades promocionales que no correspondían a los gastos reales incurridos bajo el programa de apoyo para el sector vitivinícola español 2019-2023. Las reclamaciones fraudulentas alcanzaron un total superior a 55.000 euros, de los cuales 26.510,09 euros fueron desembolsados desde el Fondo Europeo Agrícola Agrario (EAGF).
El acusado ha sido sentenciado a pagar una multa y ha perdido el derecho a beneficiarse de ayudas o subvenciones públicas. Además, se ha ordenado el reembolso completo del monto obtenido fraudulentamente.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) actúa como un organismo independiente dentro de la Unión Europea, encargado de investigar y perseguir delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Periodo de fraude | 2019 - 2022 |
| Cantidad total de reclamaciones fraudulentas | más de €55,000 |
| Cantidad disbursada desde el Fondo Agrícola Europeo | €26,510.09 |
El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Criminal Central de España condenó al administrador único de una empresa por obtener fraudulentamente subvenciones de la UE destinadas a la promoción del vino español en mercados de terceros países.
Entre 2019 y 2022, el individuo condenado presentó facturas falsas para ferias comerciales, viajes y actividades promocionales que no correspondían a gastos reales incurridos bajo el programa de apoyo 2019-2023 para el sector vitivinícola español.
Las reclamaciones fraudulentas ascendieron a más de 55,000 euros, de los cuales se desembolsaron 26,510.09 euros del Fondo Agrícola Europeo Agrícola (EAGF).
El condenado recibió una multa y perdió el derecho a beneficiarse de ayudas o subvenciones públicas. Además, se reembolsó la totalidad del monto obtenido fraudulentamente.
El caso fue llevado a juicio por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Madrid, que es responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.