Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Los acusados, involucrados en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar productos electrónicos. Uno de los condenados recibió una pena de cinco años y dos meses, mientras que el otro fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo escrutinio.
Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados el pasado 28 de marzo de 2025 en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, por un fraude fiscal que asciende a varios millones de euros. La sentencia se deriva de una investigación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Hamburgo, bajo el nombre en clave Goliath.
Los acusados fueron hallados culpables de asociación delictiva y fraude fiscal a gran escala, utilizando un esquema conocido como fraude del carrusel del IVA. Este complejo mecanismo aprovecha las normativas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre los Estados miembros, que están exentas del impuesto al valor agregado. El tribunal determinó que las actividades ilegales de los condenados causaron un daño aproximado de 26 millones de euros.
La investigación reveló que los acusados establecieron empresas en Alemania y otros Estados miembros de la UE, así como en países no pertenecientes a la unión, para comercializar productos electrónicos de consumo, principalmente AirPods. Estas entidades operaban dentro de una cadena fraudulenta donde los comerciantes desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Posteriormente, otras empresas dentro de esta cadena solicitaban reembolsos de IVA a las autoridades fiscales nacionales.
El director formal de la organización, un ciudadano danés, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. Además, el tribunal ordenó la confiscación de activos por un valor aproximado de 320 000 euros.
Por su parte, el gerente 'de facto', un ciudadano turco, recibió una pena de cinco años y nueve meses. El tribunal también dispuso la confiscación hasta por 211 000 euros.
En cuanto al tercer acusado, un ciudadano húngaro, se resolvieron los procedimientos mediante el pago de una multa monetaria de 75 000 euros, conforme a lo estipulado en la Sección 153a del Código Penal Alemán.
Estas son las primeras condenas en la investigación Goliath, aunque aún están sujetas a apelación. Otros sospechosos continúan siendo investigados.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes competentes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Ministerio Fiscal de la Unión Europea y es responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Daño causado por actividades ilegales | €26 millones |
| Sentencia del director formal (Danish citizen) | 5 años y 2 meses |
| Confiscación de activos del director formal | €320,000 |
| Sentencia del 'de facto' manager (Turkish citizen) | 5 años y 9 meses |
| Confiscación de activos del 'de facto' manager | €211,000 |
| Multa impuesta al tercer acusado (Hungarian citizen) | €75,000 |
La investigación Goliath es una operación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Hamburgo, que resultó en la condena de dos líderes de un grupo criminal internacional por fraude fiscal multimillonario relacionado con el IVA.
El tribunal estableció que las actividades ilegales de los acusados causaron un daño aproximado de 26 millones de euros.
Se trató de un fraude conocido como "fraude en cadena del IVA", que aprovecha las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas, donde las empresas están exentas del impuesto al valor agregado.
El director formal, un ciudadano danés, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión, mientras que el 'de facto' manager, un ciudadano turco, recibió una sentencia de cinco años y nueve meses. También se ordenó la confiscación de activos por aproximadamente 320,000 euros y 211,000 euros respectivamente.
Los procedimientos contra el tercer acusado, un ciudadano húngaro, fueron terminados a cambio del pago de una multa monetaria de 75,000 euros.
La EPPO es la oficina pública de enjuiciamiento independiente de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.