La operación se inició el pasado 2018 cuando agentes de la Guardia Civil detectaron como una organización se encargaba de trasladar a Francia a un número elevado de migrantes indocumentados y bajo coacciones.
Las víctimas eran mayormente migrantes africanos, entre los que era habitual encontrar menores y mujeres embarazadas. Eran captadas en sus países de origen para trabajar de manera irregular y en precario y eran trasladadas a España desde donde las distribuían a Francia, Bélgica y Alemania, exigiéndoles el pago de unos 500-750€. Para asegurar el pago, solían aprovecharse de la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban, llegando a abandonar durante un viaje a un menor que no pudo pagar toda la cantidad exigida.
La parte de esta organización se encontraba asentada en España y estaba formada mayormente por ciudadanos subsaharianos que residían en la provincia de Lérida, donde disponían de un “piso-patera” a cargo del cabecilla de la organización en la localidad de Roselló. Disponían de un segundo inmueble que empleaban de la misma forma en la localidad de Mataró (Barcelona), donde residían los restantes miembros de la organización.
Organización especializada y jerarquizada
Cada uno de los miembros de esta organización tenía una función diferenciada y obedecían una jerarquía clara. El líder a nivel internacional, apodado “el jefe”, era un individuo de origen centroafricano que residía en Portugal y Alemania. Tenía antecedentes en otros países europeos por favorecimiento de la inmigración irregular y presumía de llevar 25 años dedicándose a la misma actividad. Para aumentar los beneficios, montó una estructura societaria e inmobiliaria, que les permitió captar también a inmigrantes asiáticos (generalmente nepalíes, hindús, pakistaníes), que trasladaban desde Alemania a la Península Ibérica, mayoritariamente a Portugal.
Con esta infraestructura, realizaban viajes “NON STOP”, España- Alemania-Península Ibérica. Para ello, empleaban furgonetas alquiladas o alguno de los 12 vehículos de la organización a nombre de otras personas, que sobrecargaban con inmigrantes y bidones de combustible, maximizando los beneficios por trayecto.
Se han contabilizado unos 90 viajes, con más de 1.000 víctimas.
Normas estrictas para los desplazamientos
La organización tenía unas normas muy estrictas en el momento de los desplazamientos, las víctimas de esta red debían abonar el pago, no hablar con las autoridades si eran identificados, acordar un destino ficticio, no utilizar sistemas de retención para poder ocultarse rápidamente en caso de presencia policial (especialmente los niños y bebés), los menores de 7 años debían ir sentados encima de otro ocupante -generalmente mujer- pero también pagaban su “viaje”, comprometiendo la integridad de los migrantes.
Las diferentes fases de la operación en la que han participado diferentes Unidades de la Guardia Civil ha sido coordinada con Mossos d´Esquadra por la VII Zona de la Guardia Civil de Cataluña y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Tremp e impulsada por la Fiscalía de Lérida, coordinada a través de EUROJUST, con participación de policías y órganos judiciales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
Ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Jefatura de Información, del Grupo de Información de la Comandancia de Huesca, del Servicio de Información de la Zona de Cataluña y Mossos d´Esquadra.
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