Adrián Vives, portavoz de la Campaña CIE No, ha presentado en rueda de prensa el informe 'CIE de Zapadores: Sin derecho a tener derechos', que recoge las conclusiones extraídas del casi medio millar de visitas que han realizado a los internos en los dos últimos años y que muestran una parte de lo que podría estar pasando, ya que temen por "la opacidad" que impera.
"Nunca se sabrá lo que de verdad ocurre"
La muerte de Marouane Abouobaida el 15 de julio de 2019, que "aún no se ha esclarecido", supuso un antes y un después. El joven marroquí tenía solo 23 años, "acababa de sufrir una brutal paliza y, estando convaleciente", lo metieron solo en una celda de aislamiento para "protegerlo de sus agresores", según la versión de la policía. "Pero una hora antes de quitarse la vida denunció los dolores que sufría, pero nadie hizo caso".
Las cámaras del CIE y los testimonios podrían servir para exigir las responsabilidades. Y es que, desde que se abrieron los CIE en España, al menos diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso -recuerda-, y en el de València ha habido tres muertes y hay confusión sobre una posible cuarta víctima.
La mitad de quienes son encerrados en Zapadores tienen menos de 30 años, proceden del Magreb y África subsahariana y, durante el promedio de 30 días que permanecen recluidos en el CIE "no solo sufren el deterioro de sus instalaciones", con una "inadecuada" asistencia sanitaria, comida "escasa y de poca calidad" o falta de información sobre su derecho a abogado de oficio y a pedir protección internacional.
Solo en 2019 la Campaña recibió quejas de 50 internos por trato intimidatorio, degradante o racista, aunque la mayoría no son hechas públicas porque las víctimas temen las represalias. Sin embargo, tal y como ha detallado Europa Press, este informe da cuenta de un par de casos denunciados ante la justicia: uno se archivó porque -según la Policía, dicen- el denunciante se retractó y el otro fue deportado sin esclarecer lo sucedido.
Asimismo, han detectado internamientos ilegales: el de 12 mujeres posibles víctimas de trata, algunas menores de edad y en algún caso encerradas al mismo tiempo y en el mismo espacio que sus proxenetas, y el de 11 menores de edad, algo "cada vez más habitual". Del mismo modo, han identificado a dos enfermos de VIH cuyas vidas corrían peligro si eran deportados porque no podrían seguir el tratamiento en sus países de origen, Rusia y Venezuela.
Este informe revela que el 44% de las personas que acompañaron en 2018 y el 32% en 2019 fueron puestas en libertad, "cifras que demuestran lo inútil su objetivo esencial: castigar a quien ose cruzar nuestras fronteras".
Por todo esto, exigen al Gobierno que aproveche que el CIE no tiene internos por la crisis de la Covid-19 para cerrarlo y no proceda a una reforma que, según las respuestas del Gobierno a Compromís, se acometerá este año y las obras durarán tres meses: "El Estado no puede gastarse 700.000 euros en seguir reprimiendo, maltratando y torturando a personas", ha zanjado.
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