El hombre no podrá acercarse ni comunicarse durante 14 años con la víctima, a la que indemnizará con 50.000 euros por los daños morales que sufrió a consecuencia de los hechos. Además, la sentencia le inhabilita para el ejercicio de la patria potestad de la menor y para cualquier profesión y oficio, retribuido o no, que conlleve contacto con menores.
Los abusos comenzaron en 2016 cuando la niña tenía 11 años y la familia vivía en una localidad de Tarragona. Según el relato de hechos probados que hace la sentencia, el hombre aprovechaba que la madre de la niña salía a trabajar para llevarla a una habitación y someterla, prácticamente a diario, a diferentes prácticas sexuales, al tiempo que le pedía que no contara nada a su progenitora.
Cuando la familia se trasladó a Valencia, el penado continuó abusando de la menor en los diferentes domicilios en los que residieron. Ante las sospechas, la madre colocó una cámara de grabación en la vivienda que registró escenas de tocamientos de carácter sexual entre condenado y víctima, por lo que la mujer denunció los hechos en una comisaría el 12 de mayo de 2019. La menor sufre un trastorno de estrés postraumático y ha experimentado una grave interferencia en su desarrollo a causa de los abusos sufridos.
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