Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos a los que utilizaba en un entramado de “telecoca”. Traían a las víctimas desde Colombia de forma irregular haciéndoles deudores de los gastos del viaje de su manutención en nuestro país, coaccionándoles para trabajar en “oficinas” de distribución de cocaína a domicilio y así saldar los pagos.
Se han practicado un total de 39 detenciones, entre ellos el líder de la organización criminal que dirigía toda la estructura delictiva y los responsables de las “oficinas” desde las que se llevaba a cabo la venta y distribución del estupefaciente así como las coacciones a los deudores. En los 12 registros practicados, entre los que le encuentran los del máximo responsable y los 20 call center con los que contaban, se han intervenido más de dos kilos de cocaína, más de 100.000 euros en efectivo, abundante documentación y libros de contabilidad, así como los medios electrónicos para que operara la red de tráfico de drogas.
La investigación se inició durante el 2019 cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la posible existencia de una estructura criminal que podría estar captando a jóvenes de nacionalidad colombiana, con el objetivo de ser explotados en España con finalidades delictivas.
Los agentes pudieron corroborar la existencia de la organización criminal, al frente de la cual existían varios responsables que dirigían una estructura de captación de jóvenes colombianos, preferentemente en situación económica precaria y sin trabajo ni perspectivas de futuro, con la falsa promesa de obtener un buen trabajo en nuestro país. Tras diversas indagaciones pudieron identificar a un varón que lideraba todo el entramado criminal y que se encontraba asentado entre el país sudamericano y España.
Atados a una deuda y a un call center de “telecoca”
Las pesquisas de los investigadores permitieron constatar que tras conseguir engañar a las víctimas, los arrestados costeaban los gastos de viaje para el traslado hasta nuestro país y corrían también con los gastos de alojamiento y manutención iniciales, proporcionándoles además una línea telefónica y un terminal móvil. Una vez se encontraban plenamente instaladas en la capital madrileña, los responsables de la organización les informaban que debían abonar todos los gastos y les amenazaban con que de no hacerlo, los familiares que habían quedado residiendo en sus países de origen sufrirían serios daños.
Además la organización utilizaba esas amenazas para indicarles que la única forma que tenían de saldar la deuda era trabajar dentro de la estructura pseudo empresarial que habían creado, la cual consistía en un complejo entramado de reparto de droga a domicilio que tenía varias sedes distribuidas por la capital madrileña a modo de “oficinas” que disponían de call center en los que se recibían los encargos de estupefacientes y se cursaban las órdenes de los pedidos.
Las oficinas estaban ubicadas estratégicamente por la ciudad de Madrid, por zonas de consumo, para ofrecer unos tiempos de respuesta adaptados a los consumidores, llevándose a cabo los repartos por vehículos adquiridos por la organización, principalmente motocicletas, teniendo una logística compuesta por 20 domicilios desde donde se suministraba la droga.
Actividad frenética a pesar de la pandemia
Los investigadores consiguieron detectar que si bien el horario de atención del negocio ilícito era entre las once de la mañana y las once de la noche, con motivo de las restricciones de movilidad durante la pandemia, la actividad era incesante también durante la noche, ya que utilizaban repartidores con licencias de transporte público que se encargaban del suministro nocturno.
También comrobaron que empleaban lenguaje codificado para tramitar los encargos de los clientes y que adoptaban estrictas medidas de seguridad en el transporte de la sustancia, llegando a esconder la droga en caramelos, peines o en el interior de teléfonos móviles. Igual de estrictas eran las medidas de seguridad empleadas por el líder de la organización, hasta el punto que en una ocasión, tras ser identificado en su vehículo durante un control rutinario con motivo del Estado de Alarma, se deshizo del turismo que conducía en el momento llevándolo a un desguace.
Cuatro estructuras en la organización y un líder
Los agentes han conseguido desmantelar todo el entramado criminal, que además del líder de la organización y de la estructura en origen, contaba con una pirámide jerárquica compuesta por “los químicos” -encargados de cortar y preparar las dosis- “las oficinas” -pisos a cargo de un miembro de la organización donde se gestionaban los cobros y donde se encontraban los call center-, “los gestores” –encargados de los alquileres de las oficinas, trámites administrativos y llevar a cabo matrimonios concertados– y “los peladitos” –repartidores de la sustancia estupefaciente-.
La operación ha culminado con la detención de 39 implicados en la organización y la detección de más de 100 víctimas. Los agentes han llevado a cabo 12 registros domiciliarios en los que se han incautado más de dos kilos de cocaína, más de 100.000 euros en efectivo, abundante documentación entre la que figuran los libros de contabilidad de la organización, unos 50 terminales telefónicos, nueve vehículos y numerosas joyas y efectos de valor.
Tras pasar los detenidos a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de 11 de los imputados como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.
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