Castigar la homosexualidad con la pena de muerte es una violación atroz de los derechos humanos, afirmó este miércoles un numeroso grupo de expertos de la ONU que insta al presidente de Uganda a no promulgar leyes que persigan y criminalicen aún más a las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), y a quienes apoyan y defienden sus derechos.
Tras la aprobación el pasado martes en el parlamento de Uganda de una ley que conlleva penas de cárcel a los y las integrantes del colectivo LGBT y a sus defensores, los especialistas reiteraron a la nación africana que "la imposición de la pena de muerte basada en este tipo de legislación es per se un homicidio arbitrario y una violación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
La legislación ugandesa ha sido criticada por ser una de las leyes anti-LGBT más duras del mundo.
"La imposición de la pena de muerte por relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, incluida la denominada 'homosexualidad múltiple', es una violación atroz de los derechos humanos", afirmaron los expertos de la ONU.
Los expertos advirtieron que la nueva legislación “agravaría y legitimaría” aún más “la continua estigmatización, violencia, acoso y discriminación contra las personas LGBT”, y que la ley “repercutiría en todas las esferas de sus vidas”.
"Las personas LGBTI vivirán constantemente una situación de temor y estrés por su vida e integridad física por el simple hecho de vivir de acuerdo con su orientación sexual", afirmaron los expertos que también destacaron los riesgos relacionados con la salud mental.
Una ley que viene precedida por otras variantes similares
Los especialistas señalaron que "la cultura nunca puede servir como justificación para violaciones tan flagrantes de los derechos humanos" y recordaron la obligación de todas las partes interesadas, entre ellas los Estados, la sociedad civil y las empresas, de promover la inclusión social y contribuir a poner fin a los abusos contra los derechos humanos.
Según los expertos, la legislación ugandesa se adoptó “tras años de discriminación y violencia instigadas y perpetuadas por el Estado por motivos de orientación sexual e identidad de género”.
Durante los últimos 15 años, los expertos expresaron en repetidas ocasiones su profunda preocupación por la escalada de riesgos para los derechos humanos de las personas LGBT en Uganda, por ejemplo, cuando se propusieron otras variantes de las denominadas leyes "contra la homosexualidad" en 2009, 2012, 2013 y 2014.
En todos estos casos, se consideró que los proyectos de ley podían conducir a violaciones inminentes de una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, la privacidad, la igualdad y la no discriminación, la libertad de asociación, la reunión pacífica, la opinión, la expresión y el máximo grado posible de salud física y mental, a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias, y la prohibición absoluta de la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
"La nueva ley no es una excepción y forma parte de una preocupante tendencia a la intolerancia, exacerbando el estigma contra las personas LGBTI sin ningún fundamento ni prueba", concluyó el grupo de expertos en derechos humanos.
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