Los menores contrajeron matrimonio en Rumanía y posteriormente se llevó a cabo una ceremonia en Sevilla en septiembre de 2021, la cual fue supervisada por la Policía Nacional y cuyos videos fueron compartidos en las redes sociales. Las investigaciones comenzaron cuando la menor regresó de Bucarest a Mejorada del Campo, un pueblo en Madrid, donde vivía con el matrimonio y su hijo Raúl.
Hasta hace algunos años, en España la edad mínima para contraer matrimonio era de catorce años. Sin embargo, en 2015, la Ley de Jurisdicción Voluntaria aumentó la edad a dieciséis años, siempre y cuando se solicite la emancipación.
El padre ha destacado que nunca se mencionó el tema del dinero y que esto es algo completamente normal, incluso entre los gitanos españoles. Tanto él como su esposa están enfrentando una condena de siete años por el delito de trata de seres humanos con fines de servidumbre. Los padres afirman que desconocían que los hechos por los que fueron juzgados fueran considerados un delito.
Cuando se les preguntó a los padres sobre las acusaciones, negaron haber vendido a su hija y afirmaron que los menores se conocieron a través de las redes sociales y querían encontrarse. "Nadie obligó a nadie", enfatizó el procesado. Del mismo modo, negaron haber retenido a la niña.
Los padres del segundo menor, que también están siendo juzgados, han declarado ante el tribunal que nunca creyeron que estaban cometiendo un delito. Además, han afirmado que si hubieran sabido, "nunca jamás" lo habrían hecho.
La niña, quien llegó a España sin haber ido a la escuela, declaró en la comisaría que conoció al chico a través de las redes sociales y luego sus padres se conocieron. Durante su testimonio, mencionó que había sido vendida por sus padres, algo que ella aceptaba porque estaba enamorada del chico.
Venta a cambio de dinero
De acuerdo con el fiscal, los padres llegaron a un acuerdo para entregar a su hija a un matrimonio de compatriotas. El motivo de este acuerdo era que la niña viviera con su hijo en una relación conyugal aceptada. No se ha podido determinar la cantidad de dinero involucrada en el acuerdo. La razón detrás de esta decisión fue que la niña había sido educada en la creencia de que esto era lo normal y lo esperado de ella.
La niña, que residía en Alemania junto a su madre, fue sometida al control de la pareja, quienes tenían la intención de llevarla a España para vivir con ellos. Esta situación implicaba separarla de su familia biológica y privarla de la educación formal, ya que la menor no hablaba español y nunca había estado en España.
El 22 de junio de 2022, después de realizar la prueba del pañuelo para verificar la virginidad de la menor, se obligó a la chica a tener una relación similar al matrimonio con el hijo de los acusados, incluyendo relaciones sexuales completas. La menor aceptó esta situación porque fue criada creyendo que era normal y lo que se esperaba de ella.
Al día siguiente, los padres de la menor fueron a una notaría en Rumanía para declarar que su hija viviría con M. R. y que le daban permiso para viajar al extranjero junto con la acusada hasta el año 2024.
El 24 de junio de 2021, se llevó a cabo una celebración en Rumanía para conmemorar el matrimonio de dos menores. Posteriormente, dos días después, la pareja que adquirió a la menor la trasladó desde Bucarest a Madrid y la alojaron en un apartamento en Mejorada del Campo.
Desde ese momento y hasta el 4 de octubre de 2021, la menor no asistió a la escuela y compartió habitación y cama con el joven, manteniendo una relación similar a un matrimonio.
Además, los padres del chico tenían en su posesión su documentación (pasaporte y partida de nacimiento) y no tenía un teléfono móvil personal. Salía raramente de la casa y cuando lo hacía, siempre iba acompañado por los acusados o por el chico.
El 17 de septiembre de 2021, C. A. y M. R. llevaron a la menor a Sevilla para asistir a una fiesta que se celebraría al día siguiente en la Hacienda Atarazana, con el fin de celebrar nuevamente en España la unión de los dos menores.
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