Detenida una fiscal que aceptaba sobornos (Paraguay)

El procedimiento que concluyó con la aprehensión de Garcete, a cargo de los fiscales Luis Piñánez y René Fernández, fue el resultado de un operativo encubierto realizado en el marco de una investigación de varias semanas.

El operativo se realizó pasado el mediodía de ayer, en Sajonia, donde Garcete citó al denunciante para recibir los G. 40 millones.

De acuerdo a los datos, la denuncia provino del ganadero francés Robert Elie Jo-
shep Molim, procesado por lesión de confianza.

El extranjero habría sido coaccionado a pagar la suma de G. 40 millones a cambio del sobreseimiento definitivo. En febrero próximo vence el plazo para la presentación del requerimiento conclusivo en dicha causa.

A la hora acordada, la fiscala, dos abogados intermediarios –entre ellos el aprehendido Villalba Cabrera– y un asistente fiscal citaron a la denunciante –familiar del procesado, cuyo nombre no trascendió– para la última reunión de entrega del dinero.

La convocatoria fue en el Estudio Jurídico “Juan Pablo II”, ubicado a una cuadra del Palacio de Justicia, frente al Juzgado de Paz de La Encarnación (Isabel La Católica casi Carlos A. López).

Como la fiscala no se presentó a la cita, la denunciante se negó a entregar el dinero al asistente fiscal, a quien le mostró la suma, pero exigió entregarlo a Garcete.

Finalmente, y a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser blanca, la denunciante fue llevada unas cuadras hasta el móvil del Ministerio Público, donde se encontraba la fiscala Garcete. La misma descendió para ingresar a la camioneta 4x4, donde se concretó el pago.

Sospechosos en la mira

Otro letrado más está en la mira, al igual que un asistente fiscal que huyó del lugar de la intervención.

Imputación y desafuero

El Ministerio Público presenta hoy la imputación contra la agente fiscal de Santaní Martha Garcete, con lo cual se dará inicio al trámite para el desafuero de la misma, a fin de su procesamiento.

En escuetas declaraciones a la prensa tras su aprehensión, la fiscala afirmó en forma airada que sus derechos constitucionales estaban siendo “violados”, pues no le dejaron contactar con su abogado.