La reciente legislación, promovida por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, establece una nueva obligación en el ámbito judicial español. A partir de ahora, salvo excepciones específicas como la tutela de derechos fundamentales, casos de filiación, procedimientos concursales, medidas cautelares o situaciones de violencia de género, será necesario demostrar que se ha intentado una solución extrajudicial antes de presentar una demanda.
Entre los métodos sugeridos para alcanzar este acuerdo se incluyen la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, ofertas vinculantes confidenciales, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes. Con esta normativa, se busca hacer una transición de una cultura del litigio hacia una cultura del diálogo y el acuerdo. Este cambio no solo aliviará la carga de trabajo en los tribunales, sino que también proporcionará a los ciudadanos un camino más ágil y eficiente para resolver sus conflictos.
Impacto en el sistema judicial
Además, esta ley introduce modificaciones al sistema de costas procesales. Los tribunales tendrán en cuenta si alguna de las partes ha rechazado resolver el conflicto de manera consensuada, lo que influirá en su criterio para imponer costas.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que comenzará a implementarse gradualmente desde el 1 de julio de 2025, prevé una reforma integral en la organización del sistema judicial. Esta transformación tiene como objetivo convertirlo en un servicio más ágil y flexible, capaz de responder adecuadamente a la congestión actual en los juzgados.
Nueva estructura judicial
La reforma contempla la conversión de los actuales 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno apoyado administrativamente por una Oficina Judicial. Esta reestructuración permitirá una especialización en las plazas judiciales organizadas por secciones, facilitando así la homogeneización tanto en prácticas jurisdiccionales como organizativas.
Acompañando a esta nueva estructura habrá un aumento en el número de plazas judiciales disponibles en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario. La creación de nuevas plazas ya no estará condicionada a la apertura de un nuevo juzgado, lo que permitirá reinvertir aproximadamente 300.000 euros ahorrados en habilitar nuevas posiciones dentro del sistema judicial.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué establece la nueva ley sobre la obligación de buscar un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial?
La nueva ley establece que, salvo excepciones como tutela de derechos fundamentales, filiación, y casos de violencia de género, será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda.
¿Cuáles son los mecanismos contemplados para la solución extrajudicial?
Los mecanismos incluyen mediación, conciliación, opinión experta independiente, oferta vinculante confidencial, abogacía colaborativa y negociación directa entre las partes.
¿Cuál es el objetivo principal de esta medida?
El objetivo es pasar de una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales y ofreciendo a los ciudadanos una vía más rápida y eficiente para la resolución de conflictos.
¿Cómo afectará esta ley al sistema de costas en los procesos judiciales?
La norma modifica el sistema de costas al permitir que los tribunales valoren si alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo que influirá en el criterio para la imposición de costas.
¿Qué cambios se prevén en la organización judicial con esta ley?
Se prevé una reforma profunda que transformará los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, permitiendo una especialización y homogeneización en las prácticas jurisdiccionales y organizativas.
¿Cuándo entrará en vigor la reforma completa del servicio público de justicia?
La entrada en vigor se producirá de manera escalonada a partir del 1 de julio de 2025.
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