La Oficina del Fiscal Público Europeo en Bucarest ha presentado esta semana una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, compuesta por seis individuos y seis empresas. Esta acción se deriva de una investigación sobre un fraude de 9.5 millones de euros relacionado con proyectos de tecnología de la información, financiados por la Unión Europea.
El caso involucra tres proyectos destinados al desarrollo de soluciones informáticas innovadoras, los cuales fueron apoyados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF). Según las pruebas recopiladas durante la investigación, entre 2019 y 2022, los beneficiarios de estos proyectos presentaron documentos falsos a la autoridad gestora en Rumanía que supervisa los fondos europeos. Estos documentos, supuestamente emitidos por proveedores, estaban relacionados con la compra de bienes y la entrega de servicios. En algunos casos, se trataba de operaciones comerciales ficticias que buscaban obtener indebidamente fondos del presupuesto europeo.
Detalles del fraude
La investigación revela que las cantidades recibidas ilegalmente fueron transferidas a cuentas bancarias de empresas proveedoras aparentes, además de que se utilizaron compañías internacionales para fines ajenos a los proyectos originales.
Las actividades para reunir pruebas se llevaron a cabo en varios países, incluidos Chipre, Chequia y Malta. Estas acciones están amparadas por el artículo 31 del Reglamento del EPPO, que permite realizar investigaciones transfronterizas más rápidas. Gracias a estas disposiciones, los fiscales delegados europeos pueden solicitar a sus colegas en otros Estados miembros participar en medidas específicas de investigación con mayor agilidad que mediante métodos tradicionales de cooperación judicial.
Colaboración internacional y posibles sanciones
Además, se realizaron medidas investigativas en Mónaco, Estados Unidos y Ucrania gracias a la cooperación internacional. La investigación contó también con el apoyo de la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
Los acusados enfrentan cargos por fraude o complicidad en fraude mediante el uso de documentos falsos y lavado de dinero. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre tres años y diez meses. Las empresas implicadas podrían sufrir confiscaciones de activos y multas que alcanzarían hasta 422 000 euros, además de otras sanciones adicionales.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales rumanos competentes.
El EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Monto total del fraude |
€9.5 millones |
| Monto en RON (leu rumano) |
RON 47,940,498.03 |
| Multa máxima para las empresas |
€422,000 |
| Posible pena de prisión (mínimo) |
3 años y 6 meses |
| Posible pena de prisión (máximo) |
10 años y 6 meses |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas han sido acusadas en este caso de fraude?
Un total de 12 personas han sido acusadas, incluyendo seis individuos y seis empresas.
¿Cuál es el monto total del fraude involucrado?
El fraude involucra un total de €9.5 millones (RON 47,940,498.03).
¿Qué tipo de proyectos estaban involucrados en el fraude?
Los proyectos estaban relacionados con el desarrollo de soluciones de software innovadoras, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF).
¿Qué acciones ilegales se llevaron a cabo según la investigación?
Se presentaron documentos falsos a la autoridad gestora en Rumanía para obtener fondos indebidos del presupuesto de la UE, incluyendo operaciones comerciales ficticias.
¿Cuáles son las posibles consecuencias legales para los acusados?
Si son encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que van desde tres hasta diez años y seis meses. Las empresas también podrían enfrentar confiscación de activos y multas de hasta €422,000 (RON 2,100,000).
¿Qué organismo está llevando a cabo esta investigación?
La investigación está siendo realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), que es responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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