La juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha iniciado el juicio oral contra Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, y otros nueve acusados. Este proceso se centra en el origen y posible ocultación del patrimonio del exdirigente político. La magistrada ha exigido una fianza conjunta de 1.375.276 euros para garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de una sentencia condenatoria. La Audiencia Provincial de Castellón será la encargada de juzgar este caso, donde se investigan delitos como alzamiento de bienes e insolvencia punible.
El juicio por el 'Caso Mascarillas' comenzará el martes 11 de febrero en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. Durante siete sesiones matutinas, se llevará a cabo la vista oral del procedimiento abreviado 410/2024. El tribunal ha decidido transmitir el juicio en streaming a través del canal de YouTube del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La primera sesión iniciará a las 10:00 horas con la declaración de dos testigos, y las siguientes sesiones incluirán declaraciones de testigos, peritos y agentes policiales, finalizando con las conclusiones el 26 de febrero.
Un acusado de estafa ha anunciado su incomparecencia en un juicio programado en la Audiencia Provincial, alegando problemas económicos para costear su viaje desde Valencia. El fiscal ha solicitado su busca y captura, argumentando que el costo del viaje no justifica su ausencia. La defensa ha pedido un aplazamiento de 30 días, mientras que el fiscal solicita tres años de prisión y una multa de 1.800 euros por su participación en un grupo dedicado a la manipulación y cobro de pagarés falsos. La situación se complica tras años de dilaciones en el proceso judicial iniciado en 2015.
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a I.J.F. a 24 años de prisión por el asesinato con alevosía del novio de su exnovia en Jumilla, ocurrido el 1 de mayo de 2021. La sentencia, que también afecta a sus padres y un hermano menor, destaca la premeditación del crimen y la violencia vicaria involucrada. Además de la pena de prisión, se establecen prohibiciones de acercamiento y comunicación con la familia de la víctima durante 10 años, así como medidas de seguridad tras cumplir la condena. Los condenados deberán indemnizar a los familiares de la víctima con un total de 210.000 euros. La resolución no es firme y puede ser apelada.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena a cinco acusados de contrabando de tabaco, con penas que oscilan entre 2 años y 6 meses y 5 años de prisión. La sentencia ratifica las decisiones previas de la Audiencia Provincial, que impuso penas por delitos de contrabando y contra la propiedad industrial tras incautar más de tres millones de cajetillas de tabaco y una considerable cantidad de materia prima. Los condenados operaban en varias naves industriales en Navarra y Guipúzcoa, donde fabricaban cigarrillos sin autorización. La deuda tributaria no ingresada asciende a más de 51 millones de euros.
Según recoge la sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, entre los 30.000 euros entregados por los compradores a cambio de la droga había billetes falsos.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJN avala las pruebas y razonamientos de la Audiencia Provincial, que rechazó la existencia del consentimiento alegado por la defensa.
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El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha absuelto a un hombre condenado a 4 años y 6 meses de prisión por dar un botellazo en la cara a otra persona en agosto de 2022. La sentencia revoca una decisión anterior de la Audiencia Provincial, argumentando que no hay pruebas directas que vinculen al acusado con el delito. A pesar de las conjeturas presentadas, el tribunal destacó la falta de evidencia concluyente y lamentó no contar con un mejor acervo probatorio. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Seis personas han sido condenadas a cuatro años de prisión y a indemnizar con 2,5 millones de euros por estafar a cuentacorrientistas mediante técnicas de phishing desde Tenerife. Entre mayo de 2019 y la primavera de 2021, los acusados accedieron a cuentas bancarias suplantando la identidad de entidades financieras. Utilizando aplicaciones para crear fraudes masivos, engañaron a los titulares para que revelaran sus credenciales bancarias. El entramado criminal operaba bajo la dirección de individuos en Italia, quienes se quedaban con el 60% del dinero robado. La sentencia es firme.
El gerente de una empresa bodeguera ha sido condenado por la Audiencia Provincial de La Rioja a tres meses de prisión por falsedad en documento mercantil y estafa agravada. Además, se le impone una multa de 540 euros y el pago de costas procesales. La sentencia detalla cómo el acusado aumentó injustificadamente el sueldo del consejero delegado en un 44% y un 59%, a pesar de que la empresa había registrado pérdidas significativas. La pena es firme y no admite recurso. Para más información, visita el enlace.
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha rechazado la solicitud para utilizar el esperma de un varón fallecido en un accidente para inseminar a su pareja, debido a la falta de consentimiento expreso del finado. El tribunal desestimó el recurso de apelación presentado por la pareja y el padre del fallecido, reafirmando que la legislación española exige un consentimiento claro y formal para la reproducción asistida post mortem. A pesar de que se demostró el deseo del hombre de ser padre en vida, los testimonios no pueden sustituir el consentimiento personal requerido por la ley. Esta decisión resalta la importancia del respeto a la autodeterminación y los derechos reproductivos individuales.
Un juicio por un delito de agresión sexual en La Rioja ha sido suspendido debido a la incomparecencia del principal testigo, considerado esencial para las acusaciones. Tanto el Fiscal como la acusación particular solicitaron la suspensión, a la que no se opuso el abogado del acusado. La Audiencia Provincial ha decidido suspender el juicio y ha pedido a las fuerzas de seguridad que localicen al testigo. Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2024, cuando el acusado agredió sexualmente a una mujer que cuidaba de su madre, mientras ella dormía en su domicilio.
La Audiencia Provincial le impone una indemnización de 28.000 euros por los daños morales que sufrieron las víctimas. El hombre era familiar lejano del padre de las niñas.
El jurado consideró probado que el acusado acudió al domicilio de la víctima, quien se negó a fiarle la compra de cocaína, portando una cinta adhesiva de embalar y unos guantes de látex.
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