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Bulgaria

25/02/2025@11:41:29

Las Fiscalías de España y Bulgaria han firmado un Memorando de Entendimiento para colaborar en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. Este acuerdo, firmado por el Fiscal General del Estado español, Álvaro García Ortiz, y su homólogo búlgaro, Borislav Sarafov, busca mejorar el intercambio de información y las solicitudes de cooperación jurídica en materia penal. Ambas instituciones centrarán sus esfuerzos en combatir redes criminales relacionadas con el terrorismo, corrupción, tráfico ilegal de armas y drogas, así como delitos económicos y ciberdelincuencia. El convenio incluye la creación de grupos de trabajo conjuntos y visitas de expertos para compartir experiencias y diseñar estrategias comunes.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, investiga un caso de corrupción tras la detención de un director de escuela secundaria que fue sorprendido recibiendo un soborno. El director supuestamente exigió €10,225 de un contratista involucrado en un proyecto de renovación escolar financiado por la UE. La investigación revela que el director solicitó que parte de los fondos destinados a las obras se le devolviera directamente. Fue arrestado el 20 de febrero mientras aceptaba el primer pago del soborno. Se han presentado cargos y se solicitará su detención preventiva. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la UE.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos para la municipalidad de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo de Cohesión Europeo, tenía como objetivo mejorar el transporte público y reducir la contaminación del aire. Se sospecha que el acusado declaró falsamente que los autobuses provenían de una empresa polaca, cuando en realidad fueron comprados a una compañía estatal bielorrusa sujeta a sanciones de la UE. Si es declarado culpable, enfrenta penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras una alerta privada, evidenciando deficiencias en la detección por parte de las autoridades nacionales.

Las autoridades alemanas y búlgaras han desmantelado un grupo criminal dedicado al robo a gran escala de cables de energía en Alemania, lo que causó importantes interrupciones en grandes proyectos de construcción pública. En una operación conjunta coordinada por Eurojust y Europol, se arrestaron a ocho sospechosos, la mayoría de ellos ciudadanos búlgaros. La investigación reveló 45 casos de robo de cables, con un valor total aproximado de 1 millón de euros. La cooperación internacional fue clave para llevar a cabo la operación, que incluyó casi 200 agentes y múltiples registros en Bulgaria y Alemania.

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La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, habrían creado ocho empresas para obtener fondos del Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. Aunque compraron 38 equipos de construcción, estos nunca se utilizaron según lo acordado y fueron vendidos en su lugar. La investigación, iniciada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también incluye un caso de blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, valorado en más de 94.5 millones de euros. Los acusados, incluidos dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, habrían proporcionado información falsa para obtener fondos europeos. Se impuso una fianza a tres de los acusados y se prohibió la salida del país a uno de ellos. La investigación revela que las empresas del consorcio no tenían la experiencia necesaria para ganar el contrato, lo que llevó a la firma del acuerdo bajo falsedades.