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Delitos

26/03/2025@20:57:55

La Audiencia de Valencia ha condenado a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana a tres años y cinco meses de prisión por cobrar a cambio de tramitar tarjetas de transporte falsas. La sentencia incluye cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo público, tras considerar que cometió delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. Se le han aplicado atenuantes como la reparación del daño y la confesión. Además, se suspende la pena privativa de libertad durante tres años bajo condiciones específicas.

Un hombre ha sido condenado a una multa de 5.670 euros por tocar el culo a dos mujeres en un bar de Pamplona. La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 establece que los actos constituyen dos delitos de agresión sexual, aunque se han considerado atenuantes como la reparación del daño y la embriaguez del acusado. Además, deberá indemnizar a una de las víctimas con 1.000 euros y a la otra con 800 euros. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de marzo de 2024.

El magistrado Ángel Luis Hurtado del Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en un caso abierto en su contra. La declaración está programada para este miércoles a las 10 horas. Hurtado también desestimó otras diligencias solicitadas por la defensa, como la citación de testigos y la intervención de un alto funcionario de la Comunidad de Madrid. El juez argumentó que las diligencias no eran necesarias y que el testimonio del querellante podría ser perjudicial para el acusado. La decisión mantiene el proceso judicial en marcha sin demoras adicionales.

El hallazgo de un teléfono móvil de los autores en una óptica ha sido una prueba decisiva para la detención de los mismos. La banda utilizaba vehículos de alta gama para realizar los alunizajes y empleaban extintores para dificultar el seguimiento de los agentes.

El acusado, que se ha conformado con la pena de prisión y 1.080 euros de multa, ha consignado 12.000 euros para reparar el daño moral causado a las perjudicadas.

Las dos menores acudieron a su orientadora indicando que tenían miedo de volver a su domicilio, ya que decían ser maltratadas. Una de ellas iba a ser enviada a un país del Este para ser casada contra su voluntad.

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Torcidos, desarrollada en las provincias de Madrid y Coruña, ha detenido a 16 miembros de Latin King, por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas, robo con violencia y tráfico de drogas, entre otros.
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La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre a 20 años y nueve meses de prisión por amenazar a tres menores para que le enviaran fotos de contenido sexual. Los hechos ocurrieron en julio de 2021, cuando las víctimas, de 12 años, contactaron con el acusado a través de una aplicación de contactos anónimos. El tribunal lo declaró culpable de exhibicionismo y corrupción de menores, destacando que el procesado utilizó tácticas intimidatorias para obtener material sexual. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el TSXG.

Durante el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos relacionados con delitos de corrupción. De estas, 18 eran individuos y cuatro entidades. Este dato proviene del repositorio del Consejo General del Poder Judicial, que también reporta que se dictaron 12 sentencias en este ámbito, con un 58.3% de fallos condenatorios. La información es accesible al público y busca aumentar la transparencia sobre la lucha contra la corrupción en España. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/los-organos-judiciales-espanoles-procesaron-a-22-personas-fisicas-y-juridicas-en-5-procedimientos-por-delitos-de-corrupcion-en-el-tercer-trimestre-de-2024/.

Han sido detenidas cinco personas, tres hombres y dos mujeres, a los que durante el registro les intervinieron sustancias estupefacientes, potenciadores sexuales, más de 11.000 euros en efectivo y equipos electrónicos para gestionar la actividad ilegal.

Utilizaban una aplicación de mensajería y servicios de almacenamiento en la nube para guardar y compartir los archivos fraudulentos. Otras dos personas han sido igualmente investigadas por los mismos delitos.

El grupo absorbía y coaccionaba a otros clubes moteros existentes en las islas para hacerse con el control del territorio. Las detenciones se producen fruto de las amenazas y episodios violentos que los miembros del capítulo realizaban sobre otros grupos moteros a los que consideraban rivales.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid acuerda el ingreso en prisión del detenido por la muerte de su pareja y la hija de ésta. El juez instructor argumenta la adopción de la medida cautelar debido a la gravedad de los delitos investigados y al riesgo de fuga.