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Fianza

13/03/2025@13:10:53

La juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha iniciado el juicio oral contra Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, y otros nueve acusados. Este proceso se centra en el origen y posible ocultación del patrimonio del exdirigente político. La magistrada ha exigido una fianza conjunta de 1.375.276 euros para garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de una sentencia condenatoria. La Audiencia Provincial de Castellón será la encargada de juzgar este caso, donde se investigan delitos como alzamiento de bienes e insolvencia punible.

El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha abierto juicio oral contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, por un delito de odio. La resolución exige al acusado una fianza de 40.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas durante el proceso. Se espera que un juzgado de lo Penal se encargue del caso. La Audiencia Provincial aún no ha decidido sobre el recurso relacionado con las diligencias previas, aunque hay indicios suficientes para considerar que los hechos podrían constituir un delito de odio.

En la resolución, el tribunal mantiene: "la finalidad de la prisión provisional no puede, en ningún caso, la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado".
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La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha decidido llevar a cabo nuevas diligencias antes de determinar si se abrirá juicio contra el sospechoso de la muerte de una joven en Traspinedo. Este individuo enfrenta cargos por asesinato, homicidio doloso y otros delitos graves. La jueza ha exigido una fianza de 205.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas en caso de condena. Las investigaciones han revelado que el sospechoso estuvo presente durante el incidente y no prestó ayuda a la víctima tras causarle lesiones. Las diligencias adicionales incluirán testimonios de agentes de la Guardia Civil y la revisión de grabaciones de drones utilizadas en la búsqueda. La decisión aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Valladolid.

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona resuelve, tras la vista donde la defensa solicitó la libertad del condenado, imponer fianza de 1 millón de euros y retirada de los dos pasaportes. También le impone orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.