Las víctimas estaban aisladas y eran forzadas a ejercer la prostitución sin descanso, bajo amenazas y agresiones físicas, en condiciones insalubres y hacinadas en una estancia del inmueble donde eran controladas en todo momento.
La Policía Nacional y la Guardia Civil en la denominada operación “Cárpatos-Liberty-Luboca”, han detenido a siete personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Durante la operación cinco mujeres han sido liberadas de ejercer la prostitución contra su voluntad. Los agentes han llevado a cabo diez entradas y registro -nueve de ellas en la localidad de Caspe (Zaragoza) y una en Barcelona- y han liberado cinco víctimas de la organización.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a explotar sexualmente a mujeres de origen venezolano en pisos de citas de la provincia de Albacete.
La víctima -de nacionalidad rumana- llegó a España con la promesa de un trabajo digno para luego ser obligada, mediante el uso de la violencia física, a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con el grupo criminal. Fruto de las relaciones sexuales a las que era forzada, la mujer dio a luz un bebé que fue utilizado por el grupo para extorsionar a clientes habituales por sumas de hasta 25.000 euros.
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un Equipo de Trabajo formado por España, Rumanía, Suiza, República Checa y Reino Unido, coordinado por EUROJUST y con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización internacional que explotaba a mujeres de nacionalidad rumana captadas mediante el método “lover boy”.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una mujer de nacionalidad nigeriana a cinco años de cárcel por traer en patera a sus hermanas para prostituirse en el polígono de Marconi, en el distrito de Villaverde.
Una menor de 10 años de Peñafiel (Valladolid) ha sido internada en un centro de menores hasta que se aclare su situación tras conocerse que podría haber sufrido abusos sexuales.
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Agentes de la Policía Nacional han liberado a dos víctimas de explotación sexual y han detenido a cinco miembros de una organización que operaba en España, principalmente en la provincia de Córdoba. Presuntamente, la organización captaba a las víctimas entre mujeres pertenecientes a los estratos económicos más afectados de la República de Guinea, quienes contraían una deuda que oscilaba entre los 6000 y 9000 euros. Tres de los arrestados han ingresado en prisión.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a nueve personas de diferentes nacionalidades, cuatro de ellas menores de edad, acusadas de delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción de menores, inducción al abandono del domicilio familiar, tráfico de drogas y delito contra la seguridad del tráfico.
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, uno de 25 años y otro de 43, por estar presuntamente implicados en dos casos de abusos sexuales a menores ocurridos en Baleares.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Cartagena una organización delictiva dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El principal objetivo era el rescate de las mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente por el entramado, logrando los agentes rescatar a cinco de estas mujeres que fueron rápidamente asistidas y derivadas a la asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituida.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas y liberado a cuatro mujeres prostituidas en un piso de citas de Baracaldo (Vizcaya). La investigación se inició gracias a las denuncias de dos víctimas que indicaron la existencia de un clan familiar de origen paraguayo que, presuntamente, se dedicaba a la captación y explotación sexual de mujeres de su mismo país.
En la operación han sido detenidas cuatros personas, un matrimonio y dos menores de edad. La menor, que era ofrecida a través de Internet, había sido obligada a mantener relaciones sexuales con los miembros del grupo criminal.
Las víctimas eran captadas en su país de origen aprovechando su precaria situación económica y con la promesa de una vida mejor en el continente europeo. Las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones y vivían sometidas a un juramento vudú-juju por el que se comprometían a pagar la deuda contraída por venir a España y a no denunciar a sus explotadores ante la policía.
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