La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los implicados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). Los montos ilegales fueron transferidos a cuentas bancarias de empresas ficticias, utilizando operaciones comerciales inexistentes. Las acciones se llevaron a cabo en varios países, incluyendo Chipre y Malta, con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Los acusados enfrentan penas de prisión y multas significativas si son declarados culpables.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por un fraude agravado de subsidios que asciende a 1.73 millones de euros relacionados con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulaciones en el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de la cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas por estos delitos pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión y multas significativas.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumanía por un fraude de 2.1 millones de euros relacionado con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en la presentación de documentos falsificados para obtener financiamiento de proyectos de invernaderos en el condado de Giurgiu. Se estima que se utilizaron más de 240 documentos falsos para desviar aproximadamente 2.1 millones de euros del presupuesto europeo. Se han impuesto medidas cautelares, incluyendo el embargo de bienes por un valor total superior a 1.2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales rumanos.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación contra un empresario rumano y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción, financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó apoyo financiero para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un cargo gubernamental relevante. Esto resultó en la obtención ilegal de aproximadamente 365,000 euros del presupuesto de la UE. Si es declarado culpable, podría enfrentar entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
Las autoridades judiciales y de seguridad de Rumanía y los Países Bajos han establecido un equipo conjunto de investigación (JIT) para abordar el robo de cuatro valiosas piezas de arte histórico rumano del Museo Drents en los Países Bajos. Este equipo, apoyado por Eurojust, facilitará la cooperación y el intercambio de información entre ambos países. El robo, ocurrido el 25 de enero, involucró la sustracción de la histórica corona dorada de Coţofeneşti y tres pulseras doradas antiguas, todas exhibidas en préstamo del Museo Nacional de Historia de Rumanía. Hasta ahora, tres sospechosos han sido arrestados en los Países Bajos.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Bucarest contra un ciudadano rumano y una empresa por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la UE. Se investiga el uso de documentos falsificados para obtener ilegalmente alrededor de 593,000 euros de fondos europeos y 104,000 euros del presupuesto nacional. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre tres a diez años y multas significativas. La investigación incluye la incautación de bienes para compensar el daño estimado.
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