Se les considera responsables de la entrada clandestina en España de al menos 70 migrantes a bordo de embarcaciones fletadas desde Argelia. Cobraban hasta 10.000 euros por migrante y facilitaban su permanencia en nuestro país y el posterior tránsito a otros países europeos.
La organización, que aprovechaba los trayectos para introducir estupefacientes, reportaba unos beneficios de más de 500.000 euros, cobrando por cada viaje 3.000 euros si era en patera y 6.000 si era individual en moto acuática.
