El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a indemnización por la muerte de un joven en un accidente de tráfico a un hombre que actuó como su padre 'de facto'. La Sala de lo Civil determinó que este hombre cumplió con las funciones de progenitor desde 2005, mientras que el padre biológico había desatendido sus obligaciones desde 1998. Este fallo se basa en la reforma de 2015 sobre responsabilidad civil en accidentes, que permite reconocer como perjudicado a quien ejerce funciones parentales en ausencia del progenitor legal. La decisión resalta la importancia del vínculo afectivo y el cumplimiento de responsabilidades parentales. Para más detalles, visita el enlace.
El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella presentada por Santiago Abascal y VOX contra el eurodiputado Alvise Pérez, acusándolo de calumnias e injurias. La Sala Penal concluyó que los hechos denunciados no constituyen un delito. La controversia surgió tras un post de Pérez en la red social X, donde cuestionó a Abascal sobre su supuesta implicación en un caso relacionado con una cantidad de dinero recibida. Esta decisión del alto tribunal marca un importante hito en el ámbito judicial y político en España.
El Tribunal Supremo ha condenado a David B.G. a 16 años de prisión por homicidio con agravante de abuso de superioridad y pertenencia a organización criminal, tras la muerte de Isaac L.T. en un túnel del barrio de Pacífico en Madrid el 14 de julio de 2021. La sentencia reduce la pena inicial de 20 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al no considerar que los hechos constituyeran asesinato por falta de alevosía. El tribunal también determinó que la pertenencia del condenado a la banda Dominican Don’t Play no estaba vinculada directamente al homicidio. Además, se confirma la indemnización a la familia del fallecido y se desestima la atenuante de reparación del daño solicitada por el acusado.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos hombres a 6 meses de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito contra la dignidad de las personas tras insultar a otro hombre en un bar de Madrid, llamándolo repetidamente "maricón". Además, los condenados recibirán 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer profesiones educativas y deberán indemnizar a la víctima con 500 euros. La sentencia resalta que las expresiones utilizadas son ofensivas y constituyen homofobia, rechazando el recurso presentado por los acusados al considerar que sus actos humillan y discriminan a la víctima por su orientación sexual. El tribunal aclara que tales insultos no están protegidos por la libertad de expresión.
El magistrado Ángel Luis Hurtado del Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en un caso abierto en su contra. La declaración está programada para este miércoles a las 10 horas. Hurtado también desestimó otras diligencias solicitadas por la defensa, como la citación de testigos y la intervención de un alto funcionario de la Comunidad de Madrid. El juez argumentó que las diligencias no eran necesarias y que el testimonio del querellante podría ser perjudicial para el acusado. La decisión mantiene el proceso judicial en marcha sin demoras adicionales.
El Tribunal Supremo, a través del magistrado Leopoldo Puente, ha decidido solicitar al Congreso el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos en relación con una investigación sobre posibles irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Se han encontrado indicios de su posible implicación en delitos como integración en organización criminal y cohecho. La decisión se basa en declaraciones y documentos que sugieren que Ábalos pudo haber influido en la adjudicación de contratos públicos a cambio de beneficios económicos. La resolución será remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para su tramitación ante el Congreso.
El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus condiciones psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal desestimó esta solicitud, afirmando que la competencia judicial se basa en las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, corresponde a la Audiencia Nacional juzgar el caso. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.
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El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a indemnización por la muerte de un joven en un accidente de tráfico a un hombre que actuó como su padre 'de facto', superando la figura del padre biológico, quien había desatendido sus responsabilidades desde 1998. La Sala de lo Civil determinó que el beneficiario cumplió efectivamente con las funciones paternas. Tras el trágico accidente, tanto el padre biológico como el padre de hecho reclamaron indemnizaciones a la Mutua Madrileña, que consignó judicialmente las cantidades correspondientes.
La Audiencia de Navarra ha reducido la pena de prisión de 15 a 14 años para dos de los condenados por la violación grupal ocurrida durante los Sanfermines de 2016. Esta decisión se basa en la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, que modifica las penas mínimas y máximas para delitos sexuales. La medida sigue la doctrina del Tribunal Supremo, que había confirmado previamente una rebaja similar para otro condenado. A pesar de la oposición de la víctima y el Gobierno de Navarra, el tribunal considera necesario ajustar las penas conforme a los nuevos criterios legales.
El Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, prohibiéndole salir del país y obligándole a comparecer quincenalmente. Estas decisiones fueron tomadas por el magistrado Leopoldo Puente en el contexto de una investigación por supuestas contrataciones irregulares de material sanitario durante la pandemia. A pesar de la oposición de la defensa, que argumentó la falta de indicios de criminalidad y la ausencia de bienes en el extranjero, el juez consideró que persisten indicios suficientes para investigar posibles delitos como tráfico de influencias y cohecho. La medida busca garantizar que Ábalos no se sustraiga a la justicia.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros a Laura B., expresidenta del Parlament de Catalunya, por prevaricación y falsedad. La sentencia se debe a la adjudicación irregular de un contrato para desarrollar la web de la Institució de les Lletres Catalanes, valorado en 335.700 euros, a un conocido mediante 18 contratos menores. El tribunal rechazó la aplicación de la ley de Amnistía y desestimó los argumentos sobre la proporcionalidad de la pena, subrayando que su conducta se inscribe en un contexto de corrupción pública. La decisión del Supremo reafirma la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en las contrataciones públicas.
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una madre a recibir una prestación familiar para cuidar de su hijo menor con una enfermedad grave que requiere tratamiento médico continuado, aunque no necesite ingreso hospitalario prolongado. La sentencia establece que la atención en centros de día es equiparable a un ingreso hospitalario, permitiendo así que los progenitores puedan recibir apoyo económico mientras cuidan de sus hijos. Este fallo se produce tras la denegación inicial de la prestación por parte de MC Mutual y la posterior estimación del juzgado de lo Social, destacando la importancia del cuidado directo y continuo en el hogar.
El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de una investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La decisión se basa en indicios de criminalidad que podrían implicar delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advirtió que cualquier incumplimiento podría llevar a la prisión provisional del investigado.
El Tribunal Supremo ha condenado a cinco acusados en la pieza ACYCO del 'caso ERE' a penas de entre 2 y 4 años de prisión por delitos de malversación, prevaricación y falsedad. Las condenas se deben a cuatro disposiciones de fondos que no están protegidas por las sentencias del Tribunal Constitucional. Los condenados deberán indemnizar a la Junta de Andalucía con un total de 743.158 euros. La sentencia absuelve a dos ex altos cargos por el principio de cosa juzgada. El alto tribunal destaca que algunas ayudas concedidas carecían de cobertura legal y se utilizaron para fines distintos a los previstos, lo que justifica las condenas impuestas.
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